La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia admitió provisionalmente la demanda de nulidad interpuesta por Tamara Rosa Carreño García contra el acto administrativo del Contralor General de la República que impuso una sanción de inhabilitación por cuatro años. La demandante alegó violaciones al debido proceso y al derecho al trabajo, argumentando que la sanción fue impuesta sin un procedimiento adecuado y de manera desproporcionada. Sin embargo, la Sala declaró improcedente el amparo cautelar solicitado, considerando que no existían elementos que demostraran una violación grave de derechos constitucionales.
Extracto de la motiva
motivación, “(…) por cuanto no permite conocer cuál fue el criterio del Contralor General de la República para imponer la sanción de inhabilitación por cuatro (4) años. No basta la sola referencia a la decisión de responsabilidad administrativa dictada por la Contraloría Municipal de Chacao, para automáticamente imponer la sanción”. Agregó que “(…) resulta desproporcionado que entre las sanciones establecidas en el artículo 105 de la LOCGRSNCF (sic), se [l]e hubiere impuesto la inhabilitación, que es la situación de mayor gravedad, (…) [obligándola] a separar[se] de [su] trabajo y de la administración pública, por cuatro (4) años (…)”. (Añadidos de la Sala). Delató que “(…) el Contralor General de la República ha aplicado la sanción de inhabilitación por uno, dos, tres y cuatro años, por hechos irregulares y contrarios a la ley (sic) contra (sic) la corrupción (sic), cometidos por los funcionarios con dolo y daño al patrimonio público (…), muy alejados a los hechos por los cuales [l]e fue declarada responsabilidad administrativa (…)”. (Agregados de la Sala). Manifestó que “No quedan claros los hechos y motivo
Dispositiva
1.- Su COMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con amparo cautelar. 2.- ADMITE provisionalmente la demanda de nulidad incoada conjuntamente con amparo cautelar por la ciudadana TAMARA ROSA CARREÑO GARCÍA, antes identificada, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 01-00-000017 de fecha 13 de enero de 2017, emitida por el ciudadano CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través del cual se le impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de cuatro (4) años. 3.- IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado.
Palabras clave
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