Sentencia N° 70 Político-Administrativa TSJ 2001: Pedro Luis Piñero Sosa vs Amparo María Atencio — Consulta de ley en ejecución…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la consulta de ley planteada en un juicio de ejecución de desalojo de vivienda. El caso fue remitido por el Juzgado Octavo de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. La Sala determinó que no tenía materia sobre la cual decidir, ya que la cuestión previa de falta de jurisdicción había sido declarada sin lugar por el tribunal de la causa.

Durante la vigencia de la diseminada legislación especial inquilinaria, contenida en el Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas y la Ley de Regulación de Alquileres y su Reglamento común; el conocimiento y decisión de las acciones inquilinarias, independientemente de su naturaleza, correspondía al Poder Judicial. Respecto de los contratos de arrendamiento sobre inmuebles destinados al uso comercial o industrial, la Sala, en fallo de fecha 07 de Agosto de 1997, determinó que tales inmuebles no resultaban subsumibles en los supuestos de hecho contenidos en el artículo 1º del Decreto in comento; con lo cual, solo resultaba procedente la falta de jurisdicción del Juez ordinario frente a la Administración Pública, en los casos en que el contrato de arrendamiento a tiempo indeterminado versara sobre inmuebles destinados a vivienda o habitación, resultando excluidas las causas que versaran sobre inmuebles sometidos al uso comercial o industrial de los cuales debía seguir conociendo el Juez ordinario. Actualmente, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios del 7 de diciembre de 1999, la competencia atribuida a la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura y a las Direcciones de Inquilinato de las Alcaldías del interior de la República, deviene en limitada y circunscrita a: 1) la fijación de los cánones máximos a cobrar para aquellos inmuebles sujetos a regulación de alquileres; 2) a la revisión de los montos productos de los actos regulatorios previos y, 3) a la imposición de sanciones administrativas por infracciones a las normas de orden público que dicha Ley estatuye. De suerte tal que, en criterio de esta Sala, todas aquellas solicitudes de regulación de la jurisdicción que sean interpuestas por motivos distintos a los recién expuestos, deben considerarse como producto de una inadecuada táctica dilatoria, contraria los principios establecidos en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR en el caso incoado por el ciudadano PEDRO LUIS PIÑERO SOSA contra la ciudadana AMPARO MARIA ATENCIO. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal Décimo Séptimo de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual por Resolución Nº 100 de fecha 19 de julio de 1999, emanado del (extinto) Consejo de la Judicatura; comenzó a conocer de los asuntos y causas atribuidas al Juzgado Octavo de Primera Instancia de la misma Circunscripción Judicial, quien conocía del asunto planteado en esta controversia. Cúmplase lo ordenado.