Sentencia N° 7 Político-Administrativa TSJ 2000: Rafael Arnoldo Méndez Veloz vs Contraloría General de la República

La Sala Político-Administrativa del TSJ declara sin lugar el recurso contencioso administrativo interpuesto por Rafael Arnoldo Méndez Veloz contra un acto administrativo de la Contraloría General de la República que le impuso una multa. El recurrente alegó que la sanción era nula por diversas razones, incluyendo la falta de valoración de pruebas y la prescripción de la acción. Sin embargo, la Sala determinó que el acto impugnado cumplía con los requisitos legales y que la Contraloría había actuado conforme a derecho al imponer la sanción por el uso indebido de fondos públicos.

El presente recurso de nulidad se circunscribe a determinar la legalidad o no del acto administrativo contenido en el oficio Nº DGAC3806 de fecha 1º de agosto de 1.989, emanado de la Contraloría General de la República, mediante el cual en virtud del recurso de reconsideración ejercido por el recurrente confirmó el acto administrativo contenido en el oficio Nº DGAC012 de fecha 13 de marzo de 1.989, en el cual se impuso al recurrente, ciudadano RAFAEL ARNOLDO MÉNDEZ VELOZ, multa por la cantidad de CUARENTA Y UN MIL BOLÍVARES (Bs. 41.000,00), de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Las razones que motivaron a la Contraloría General de la República para imponer la sanción pecuniaria en referencia, expresamente se transcriben a continuación: Que «por cuanto del examen practicado a la cuenta de gastos de la Unidad Básica Hospital General de Calabozo Dr. Francisco Urdaneta Delgado, del Estado Guárico, adscrita al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, correspondiente al ejercicio presupuestario de 1982, se determinó según consta en Acta fiscal de fecha 030986 que el ciudadano RAFAEL MÉNDEZ VELOZ, titular de la cédula de identidad Nº 1.619.241, en su condición de cuentadante de la mencionada dependencia durante el lapso comprendido entre el 1404 al 311282, utilizó fondos públicos por Bs. 144.772,20 en finalidades diferentes, en contravención al artículo 42 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, al emplear fondos destinados a cubrir prestaciones sociales del personal obrero del Hospital General de Calabozo correspondientes al año 1982, provenientes de la Orden de Pago Nº 4976 del 180382, en la cancelación de compromisos derivados de la Contratación Colectiva del presupuesto 1981». Que "igualmente utilizó fondos de la Autorización Anual para Comprometer en la cancelación de compromisos de pagos periódicos, por un monto de Bs. 43.000,00 a la empresa Transporte Colectivo San Juan de los Morros S.R.L., y al ciudadano Rubén Solórzano, por concepto de servicio de transporte y alquiler de vehículo, respectivamente, lo que también es contrario a dicha disposición y a lo dispuesto en el Numeral 3 del Artículo 12 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario sobre Avances o Adelanto de Fondos a Funcionarios».

Por las razones anteriormente expuestas, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso-administrativo de anulación interpuesto por la abogada MARGARITA FONSECA DE CABALLERO, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano RAFAEL ARNOLDO MÉNDEZ VELOZ, contra el acto administrativo contenido en el oficio Nº DGAC-3-806 de fecha 1º de agosto de 1.989, emanado de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, acto que se CONFIRMA mediante el presente fallo. Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.