Sentencia N° 697 Político-Administrativa TSJ 2001: Gisela Torres Cordero vs José Vicente Falotico Francolino

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de dejar sin efecto un recurso de hecho interpuesto por la abogada Gisela Torres Cordero. Se determinó que no existía una figura procesal para dejar sin efecto la demanda, interpretando que la intención era desistirse del procedimiento. Además, se constató la inactividad procesal desde 1971 hasta 2000, lo que llevó a declarar la perención de la instancia por falta de actividad de las partes. Finalmente, se declaró consumada la perención y extinguida la instancia.

Las instituciones procesales cuya consecuencia jurídica es la terminación del proceso, se encuentran reguladas expresamente en el Titulo V del Código de Procedimiento Civil. Del análisis de las normas adjetivas reguladoras de la materia, se evidencia que no existe una institución procesal denominada “dejar sin efecto la demanda”; sin embargo, infiere este alto Tribunal que la intención de la solicitante, a pesar de la deficiente técnica jurídica empleada, era plantear el desistimiento del procedimiento incoado. En este orden de ideas, ha sido reiterado el criterio de este Supremo Tribunal, según el cual los requisitos de procedencia de esta figura procesal son la capacidad jurídica y la manifestación expresa del accionante de terminar el procedimiento incoado. De la revisión de las actas procesales, se constata que, en el oficio de nombramiento de la abogada Gisela Torres Cordero, como representante de la República no aparece que se le haya otorgado la facultad expresa requerida para desistir, de conformidad con el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil aplicable al caso, razón por la cual este Supremo Tribunal debe declarar improcedente el desistimiento planteado. Así se declara. Por otra parte, observa igualmente la Sala que, la perención de la instancia opera por la inactividad de las partes, es decir, la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, cuando esta omisión se prolonga por más de un año, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o cuando transcurre el tiempo determinado en los supuestos del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, examinadas las actas del proceso que componen el presente expediente, se constata que la causa estuvo paralizada desde el 13 de julio de 1971, fecha en la cual la abogada GISELA TORRES CORDERO solicitó se dejara sin efecto el Recurso de hecho interpuesto, hasta el 27 de marzo de 2000, fecha en la cual se reasignó la ponencia al Magistrado Carlos Escarrá Malavé, sin que en ese lapso se hubiese realizado acto alguno de procedimiento por las partes ni por este Tribunal.

En virtud de lo anterior, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.