Sentencia N° 692 — Sala Político Administrativa del TSJ, 12 de junio de 2018

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en la que se declara que no tiene jurisdicción para conocer de la demanda interpuesta por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) contra Yolanda Rodríguez de Uriarte, en relación a un reclamo patrimonial. La demanda se fundamentaba en un auto decisorio que declaraba la responsabilidad civil de la demandada por daños al patrimonio público de la empresa estatal. La Sala argumentó que corresponde a la Administración Pública ejecutar su propia decisión antes de acudir al Poder Judicial.

Ahora bien, en el citado fallo se señaló que “…si bien en principio podría afirmarse que la escogencia de esta vía judicial (demanda por intimación) pudiera satisfacer las pretensiones de la parte accionante, lo cierto es que hay circunstancias particulares que lo hacen nugatorio, pues en el presente caso no solo se exige el pago de la cantidad a reparar (…) sino que se adiciona el reclamo de los intereses moratorios, ‘...de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1.277 y 1.746 del Código Civil, calculados desde que le fue notificado el contenido del Auto, hasta la fecha en la que se pague la totalidad de la cantidad adeudada’. Esta petición de la actora, en los términos como fue requerida, no constituye en modo alguno una cantidad líquida, por lo que se desnaturaliza la finalidad de la acción ejecutiva”. (Subrayado de la Sala). Adicionalmente a ello, se advirtió que el documento por el cual la parte demandante fundó su acción, es el auto decisorio emitido por el Director Ejecutivo de Auditoría Fiscal de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), en el marco del procedimiento de determinación de responsabilidades establecido en los artículos 95 y siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual se trata de un ente de la Administración Pública Nacional Descentralizada adscrito al Ministerio del Poder Popular de Petróleo. La razón por la cual se resaltó la anterior característica es motivado a que la Dirección Ejecutiva de Auditoría Fiscal, en tanto como órgano de control fiscal, se encuentra dotado de ciertas potestades, entre las cuales se destaca el dictar actos administrativos, siendo ésta una de las principales formas de actuación de la Administración Pública. Ello implica -conforme se señaló en la decisión in commento- que en atención a los principios de ejecutoriedad y ejecutividad que precisamente revisten los actos administrativos, la Administración Pública tiene la autoridad para ejecutarlos en los términos que fueron dictados y ello se debe a que en nuestra legislación -artículo 79 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos- impera el sistema de ejecución administrativa, esto es, sin mediar, en principio la intervención del Juez.

Se declara que en esta etapa del proceso, el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer la demanda de contenido patrimonial interpuesta por la abogada Irma Bravo, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA), contra la ciudadana YOLANDA RODRÍGUEZ DE URIARTE.