Sentencia N° 69 Político-Administrativa TSJ 2001: Auca, C.A. vs C.V.G. Insdustria Venezolana de Aluminio C.A.…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una demanda por cobro de bolívares interpuesta por la sociedad mercantil AUCA, C.A. contra C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio C.A. (VENALUM C.A.). La Sala determinó que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, le corresponde conocer de la acción debido a que se cumplen los requisitos establecidos en la norma, incluyendo la cuantía de la demanda que supera los cinco millones de bolívares y la naturaleza de la acción que no está atribuida a otra autoridad. La decisión se fundamenta en el análisis de la competencia, donde se establece que la demandada es una empresa del Estado y que la acción fue incoada correctamente. La Sala, al aceptar la competencia, ordenó que se continúe con el procedimiento en el estado en que se encuentra, previa notificación de las partes involucradas. Finalmente, la sentencia fue firmada y sellada el 1 de febrero de 2001, y se publicó el 6 de febrero del mismo año, registrándose bajo el número 00069.

Dispone el ordinal 15° del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente: Artículo 42.-Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República: Ordinal 15.- Conocer de las acciones que se proponga contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuida a ninguna autoridad. Como puede observarse, la norma transcrita establece un régimen especial de competencia a favor del Tribunal Supremo de Justicia, en todas aquellas acciones intentadas que cumplan las tres condiciones contempladas en las mismas: (i) Que se demande a la República, a algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva; (ii) Que la acción incoada tenga una cuantía superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo) y; (iii) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna autoridad, entendiendo con ello, que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la jurisdicción Civil y Mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no respecto de otras jurisdicciones especiales, tales como la Laboral, del Tránsito o Agraria. Debe la Sala entonces, a los fines de establecer la competencia, analizar si la acción incoada cumple o no con las condiciones antes descritas, y en tal sentido observa: En primer término, la demanda ha sido incoada contra la empresa C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio C.A., la cual pertenece al grupo de empresas cuya propiedad pertenece a la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), Instituto Autónomo éste de rango nacional; resultando así, de tal forma, que la demandada se constituye en una empresa del Estado (de segundo grado), con lo cual resulta incuestionable la satisfacción del primer requisito antes aludido. En segundo término, se observa que tal y como consta del libelo de la demanda la pretensión pecuniaria del accionante supera con creces la cantidad de cinco millones de bolívares (Bs.5.000.000,oo); cuantía ésta última que como límite mínimo exige la norma atributiva de competencia antes transcrita. En tercer término, siendo que se trata de un juicio iniciado en virtud de demanda por cobro de bolívares, resulta evidente, que el conocimiento de la misma no está atribuida a otra autoridad.

Por todas las razones expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley se declara COMPETENTE para conocer de la demanda por cobro de bolívares interpuesta por los abogados LUIS EDUARDO BECERRA y DANIEL GIL PARRA, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil AUCA, C.A., en contra de la empresa C.V.G. INSDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO C.A., (VENALUM C.A.), todos supra identificados en autos. Publíquese, regístrese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación para que continúe el procedimiento en el estado en que se encuentra, previa notificación de las partes. Cúmplase lo ordenado.