Sentencia N° 69 Político-Administrativa TSJ 2000: Yuleika Díaz de Madriz vs Instituto Nacional de Cooperación Educativa…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de jurisdicción alegada en un juicio por prestaciones sociales. Se determinó que el juez de instancia no resolvió la cuestión previa planteada, lo que impide a la Sala conocer en consulta sobre la jurisdicción. La decisión del tribunal de origen debe ser clara y precisa, y al no haberse producido dicha decisión, la Sala declara que no tiene materia sobre la cual decidir y ordena la devolución del expediente al tribunal consultante para que se pronuncie sobre la falta de jurisdicción alegada.

Para decidir la Sala observa: El artículo 62 del Código de Procedimiento Civil dispone que: “A los fines de la consulta ordenada en el Artículo 59, el tribunal remitirá inmediatamente los autos a la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa, suspendiéndose el proceso desde la fecha de la decisión. La Corte procederá luego de recibidas las actuaciones, a decidir la cuestión, lo cual hará dentro de diez días, con preferencia a cualquier otro asunto”. Se deduce, entonces, que la regulación de Jurisdicción supone una decisión del juez sobre la jurisdicción, ya de oficio, o bien a solicitud de parte, como se indica en las diferentes hipótesis contempladas en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil. El Juez a – quo no decidió la cuestión previa opuesta por el demandante, que busca la comprobación del procedimiento evitando la subsistencia de vicios procesales que puedan luego entorpecer el posterior desarrollo a fondo del litigio; por lo que constituye, atendiendo a esa circunstancia, un incidente del proceso, y que da lugar por parte del órgano jurisdiccional a decisiones de previo pronunciamiento. Queda claro, entonces, que el Juez a – quo debe dictar una sentencia interlocutoria para resolver, cuestiones incidentales como las que plantean las cuestiones previas, que en general son las que deciden las cuestiones accesorias y relativas al proceso y no al derecho controvertido, hasta ponerlo en estado de ser decidido por la sentencia definitiva, no tocando para nada el fondo del asunto. En el caso subiudice el Juez a – quo dictó un auto en fecha 2 de febrero de 1995, en la cual no llegó a resolver la cuestión previa alegada, por lo tanto es imprescindible recordarle al ciudadano Juez que toda sentencia debe acoger o procurar la pretensión que se hace valer en la demanda y que es objeto del proceso. Toda sentencia debe contener una decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. Esto significa que el Juez está constreñido a decidir sobre las cuestiones que las partes le hayan propuesto, porque los limites de toda controversia judicial se encuentran circunscritos, por los hechos alegados como fundamento de la pretensión y por los hechos aducidos como fundamento de las excepciones o defensa opuestas (principio de congruencia); y por lo otra, que esa decisión ha de ser en términos que revelen de manera clara e inequívoca el pensamiento del sentenciador en lo dispositivo, el cual no puede ser implícito o tácito, ni contener expresiones vagas u obscuras, ni requerir inferencias, interpretaciones o raciocinios para saber que fue lo decidido.

En virtud de lo expuesto, esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR y resulta por lo tanto impretermitible ordenar la devolución del expediente al Tribunal de origen para que se pronuncie sobre la cuestión previa alegada a que se refiere el ordinal 1º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Remítase el expediente al Tribunal consultante a los fines de que declare, de manera clara e inequívoca, CON LUGAR o SIN LUGAR la falta de jurisdicción alegada. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.