La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la demanda por abstención interpuesta por la Asociación Civil Espacio Público contra el Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, debido a la falta de respuesta a solicitudes de información sobre estudios de impacto ambiental y minería ilegal en el estado Amazonas. La Sala declaró inadmisible la demanda, argumentando que no se cumplían los requisitos establecidos por la Sala Constitucional para el ejercicio del derecho a la información. Se destacó la importancia de la transparencia en la gestión pública y el derecho de los ciudadanos a ser informados.
Extracto de la motiva
La Sala observa que la presente demanda tiene como objeto instar al Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas a emitir pronunciamiento sobre la comunicación de 17 de junio de 2016 y ratificada el 10 de agosto de ese mismo año (recibidas el 29 de junio y 15 de agosto de 2016), por la Asociación Civil Espacio Público referida a que le remitiera: i) copia de “los estudios de impacto ambiental realizados para medir los posibles daños que la ejecución de las concesiones del Arco Minero”; ii) “las estadísticas de minería ilegal y extradición ilegal de oro en Moyo, Maraya, Mina Nueva y cualquier otra” y iii) las medidas y acciones que se han tomado en ese órgano para “combatir la contaminación del Río Panú en el Estado Amazonas”. (Agregado de la Sala). A tales efectos, la parte actora consignó un cúmulo de documentos en los cuales apoya su pretensión, los cuales son los siguientes: 1.- Copia simple de comunicación de fecha 17 de junio de 2016 (recibida el 29 de junio de 2016), dirigida al Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, mediante la cual “los firmantes acompañados por la organización de derechos humanos Espacio Público (…)” haciendo uso de los artículo 51 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela solicitaron que se le suministraran lo que a continuación se menciona: “1.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 129 de la Constitución (…) [que] envíe copia de los estudios de impacto ambiental realizados para medir los posibles daños que la ejecución de las concesiones del Arco Minero, creado por el decreto 2.248 publicado en gaceta oficial N° 40.855, puedan causar en el estado Amazonas. 2.- Envíe copia de las estadísticas de minería ilegal y extradición ilegal de oro en Moyo, Maraya, Mina Nueva y cualquier otra conocida por ustedes dentro del Estado Amazonas. 3.- Indique detalladamente y envíe copia de las medidas y acciones que se han tomado para combatir la contaminación del Río Panú en el estado Amazonas. La información la [requieren] para realizar contraloría ciudadana sobre la gestión pública y porque nos vemos directamente afectados por los problemas que ocasiona la explotación minera y la contaminación ambiental”. (Sic). (Agregado de la Sala).
Dispositiva
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer la demanda por abstención interpuesta los apoderados judiciales de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO, contra el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS. 2. INADMISIBLE la demanda por abstención incoada. Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Palabras clave
abstenciónderecho a la informacióntransparenciamedio ambienteminería ilegal