Sentencia N° 68 — Sala Político Administrativa del TSJ, 26 de febrero de 2026

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de jurisdicción del tribunal venezolano para conocer de una solicitud de divorcio interpuesta por Soraya Andreína Moreno contra Hilarión Enrique Vásquez, argumentando que el domicilio de los hijos se encuentra en Francia. La sentencia del Tribunal Quinto de Primera Instancia había declarado la falta de jurisdicción del juez venezolano, lo que fue confirmado por la Sala. Se destacó la importancia del interés superior del niño en la determinación de la jurisdicción y la competencia en asuntos familiares.

Ahora bien, la Sala advierte que la situación a dilucidar está referida a la determinación de la jurisdicción de los tribunales venezolanos por encontrarse el domicilio de los hijos de las partes fuera de la República Bolivariana de Venezuela, se trata así de un asunto con elementos de extranjería relevantes, que deben ser estudiados a la luz del Derecho Internacional Privado con miras a precisar la jurisdicción para proveer sobre lo solicitado. En virtud de lo anterior, esta Sala observa que, la parte accionante en su escrito, señaló que se encuentra “domiciliada en Francia, en 33 rue camp de bataille, Villeneuve, France y de Tránsito en (…) la siguiente dirección Residencias Los Tepuyes, Piso 03 Apartamento 3D, del Municipio San Rafael de Carvajal del estado Trujillo (…)” indicando este como su último domicilio conyugal. Asimismo, se advierte que la parte actora en su libelo indicó que presentaba una “solicitud de divorcio basado en desafecto e incompatibilidad de caracteres” contra el ciudadano Hilarión Enrique Vásquez, sin embargo, incluyó también petición de establecimiento de las instituciones familiares de sus tres (3) hijos, relativas a la “Patria Potestad, Custodia, Obligación de Manutención” y requirió que se fijara un “Régimen de Convivencia Familiar”. Al respecto se observa que el artículo 13 de la Ley de Derecho Internacional Privado, prevé de manera clara y precisa el principio del domicilio como factor de conexión que establece el derecho aplicable en materia de estado, capacidad y relaciones familiares de los menores e incapaces, en los términos siguientes: “El domicilio de los menores e incapaces sujetos a patria potestad, a tutela o a curatela, se encuentra en el territorio del Estado donde tienen su residencia habitual”. (Destacado de la Sala). Asimismo, la Exposición de Motivos de la referida Ley prevé que: “(…) una de las modificaciones más importantes de la Ley es la sustitución del principio de nacionalidad por el principio del domicilio, como factor de conexión decisivo en materia de estado, capacidad y relaciones familiares y sucesorias (…)”. Por su parte, el artículo 15 eiusdem, dispone lo que sigue: “Las disposiciones de este Capítulo se aplican siempre que esta Ley se refiera al domicilio de una persona física y, en general, cuando el domicilio constituye un medio de determinar el Derecho aplicable o la jurisdicción de los Tribunales”. Visto lo anterior, es forzoso concluir que en materia de relaciones familiares, conforme a la ley venezolana que rige los supuestos de hecho relacionados con ordenamientos jurídicos extranjeros, entiéndase Ley de Derecho Internacional Privado, el factor de conexión, entendido este como el elemento de enlace a través del cual se vincula el supuesto de hecho con la consecuencia jurídica a objeto de determinar la ley aplicable, es el domicilio de los menores e incapaces, el cual según la norma transcrita supra (artículo 13) se encuentra en el territorio del Estado donde estos tengan su residencia habitual. (Ver sentencia de esta Sala Nro. 0152 del 7 de julio de 2021). Otro elemento articulado con el concepto de domicilio, entendido este último como el factor de conexión para determinar la ley aplicable, es el principio del “interés superior del niño” consagrado y reconocido en la Convención Internacional Sobre los Derechos de Niño del año 1989, como un principio jurídico garantista que, conforme a doctrina especializada, obliga a la autoridad, en razón de que toda decisión concerniente al niño debe fundamentalmente considerar los derechos de este, como norma de interpretación y de resolución de conflictos. (Vid., sentencia de esta Sala Nro. 00586 del 4 de mayo de 2011). El mencionado “interés superior del niño”, ha sido regulado en nuestra Carta Magna, en el artículo 78 en los términos siguientes: “Artículo 78. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernen. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes”. (Destacado de la Sala).

1.- Que EL PODER JUDICIAL VENEZOLANO NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer de la “solicitud de divorcio basado en desafecto e incompatibilidad de caracteres” y del “establecimiento de las instituciones familiares”, interpuesta por la ciudadana SORAYA ANDREÍNA MORENO MORENO, asistida por la abogada Zuleida Segovia, contra el ciudadano HILARIÓN ENRIQUE VÁSQUEZ, todos antes identificados. 2.- Se CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 17 de julio de 2025, por el Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.