Sentencia N° 67 Político-Administrativa TSJ 2000: Fanny Ramona Pire Mejías vs María Elena Montes de González y Carlos…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción del Poder Judicial en relación a acciones de cumplimiento de contrato de arrendamiento. Se determinó que corresponde a los Tribunales de Justicia conocer y decidir sobre estas acciones, independientemente de su naturaleza. La Sala revocó la decisión del Tribunal de origen que había declarado su falta de jurisdicción, afirmando que el Poder Judicial sí tiene competencia para conocer el caso presentado por la ciudadana Fanny Ramona Pire Mejías contra los ciudadanos María Elena Montes de González y Carlos Miguel González González.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 20 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de cumplimiento de un contrato de arrendamiento, por el supuesto vencimiento del término, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el antes mencionado artículo, en el 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que EL PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la acción intentada por la ciudadana FANNY RAMONA PIRE MEJÍAS contra los ciudadanos MARÍA ELENA MONTES DE GONZÁLEZ Y CARLOS MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ. Queda así revocada la decisión consultada, emitida por el a quo en fecha 25 de mayo de 1993. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen para que continúe el procedimiento. Cúmplase lo ordenado.