Sentencia N° 664 Político-Administrativa TSJ 2001: Pedro Herrera Sánchez vs Concejo del Municipio Autónomo el Hatillo

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por Pedro Herrera Sánchez contra un acuerdo del Concejo del Municipio Autónomo el Hatillo. La acción fue admitida por el Juzgado de Sustanciación, pero la Sala determinó que la competencia para conocer de la acción de nulidad corresponde a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital.

Observa la Sala que la acción planteada en autos es de nulidad por razones de ilegalidad e inconstitucionalidad, contra actos emanados de un órgano municipal, específicamente, contra el acto de efectos particulares de fecha 26 de mayo de 1998, emanado del Concejo Municipal del Hatillo (Estado Miranda), mediante el cual se negó la desafectación solicitada por el recurrente con relación a los terrenos de su propiedad que habrían sido declarados áreas verdes. En el caso de autos el Juzgado de Sustanciación admitió la acción propuesta, en atención al criterio establecido en la decisión de la Sala Nº 01155, de fecha 18 de mayo de 2000, caso: Movimiento al Socialismo (M.A.S.) contra Decreto Nº G-195 del Gobernador del Estado Apure, en la cual se expresó lo siguiente: “... quiere dejar asentado esta Sala que de la pretensión principal de la acción conjunta interpuesta, que no es otra que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de efectos generales dictado por una autoridad ‘estadal’ (...omissis...), pudiera pensarse que la competencia para conocer en primera instancia de la acción en cuestión, le viene atribuida a alguno de los Tribunales Superiores a que hace referencia la disposición transitoria contenida en el artículo 181 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Máximo Tribunal. No obstante, resulta menester destacar que la citada disposición contenida en el artículo 181 de la Ley referida ut supra, expresa en su primer aparte que ‘Cuando la acción o el recurso se funde en razones de inconstitucionalidad, el Tribunal declinará su competencia en la Corte Suprema de Justicia (hoy, Tribunal Supremo de Justicia). En consecuencia, al verificar esta Sala que las acciones interpuestas en los expedientes numerados 0369 y 0370 pretenden la nulidad del Decreto Nro. G-159 emanado del Gobernador del Estado Apure, por presuntas infracciones atentatorias a los derechos constitucionales a la información veraz, a la libertad de prensa, al derecho de rectificación, al derecho de réplica y al derecho de la colectividad de ser informado, así como también se ha impugnado por razones de ilegalidad, es razón por la que, en virtud de lo dispuesto en el único aparte del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las disposiciones (antes señaladas) de la Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal, esta Sala Político Administrativa, resulta competente para conocer de las acciones conjuntas de nulidad y amparo, contenidas en los expedientes signados con los Nros. 0369 y 0370 y, en este sentido, así se declara.

En razón de lo antes expuesto, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir de la presente causa en los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. Publíquese, regístrese, comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio al Juzgado Distribuidor Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. Cúmplase lo ordenado.