Sentencia N° 661 Político-Administrativa TSJ 2001: Antonio Jose Brando vs German Beltran Borrero — Regulación de jurisdicción

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la solicitud de regulación de jurisdicción interpuesta por el abogado Miguel Angel Carvajal Rojas, en representación del demandado German Beltran Borrero. La decisión se fundamenta en que la falta de jurisdicción alegada no se refería al conocimiento de la demanda por resolución de contrato y daños y perjuicios, que es el objeto del presente caso. Además, se impone una multa a la parte demandada por haber interpuesto una solicitud manifiestamente infundada.

En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero, y la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.105 del día 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, y se reasignó como Ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO. Para decidir, la Sala observa: En diligencia de fecha 1º de marzo de 2000, el abogado Miguel Angel Carvajal, supra identificado, solicitó la Regulación de Jurisdicción en los siguientes términos: “... en este acto solicito la “Regulación de Jurisdicción”, toda vez que por la data de los instrumentos este Tribunal declaró sin lugar la cuestión previa opuesta y al no caber aquí la apelación, en justicia solicito que nuestro Supremo Tribunal conozca de esta solicitud a los fines del orden público subsane lo irrito de esta decisión.” Al respecto, el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, establece que: "La falta de jurisdicción del Juez respecto de la administración pública, se declara aun de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso. La falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto al Juez extranjero, se declarará de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso. En cualquier otro caso, mientras no se haya dictado sentencia sobre el fondo de la causa en primera instancia, la falta de jurisdicción sólo podrá declararse a solicitud de parte. En todo caso, el pronunciamiento del Juez sobre la jurisdicción se consultará en la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-Administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 62." Asimismo el artículo 62 eiusdem, dispone: “A los fines de la consulta ordenada en el artículo 59, el Tribunal remitirá inmediatamente los autos a la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa, suspendiéndose el proceso desde la fecha de la decisión. La Corte procederá luego de recibidas las actuaciones, a decidir la cuestión, lo cual hará dentro de los diez días, con preferencia a cualquier otro asunto.” De las normas anteriormente transcritas se desprende que la falta de jurisdicción sólo procede respecto de la Administración Pública y del Juez extranjero, y que la decisión que tome el juez sobre la jurisdicción, será consultada ante esta Sala.

En vista de las anteriores consideraciones, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la solicitud de regulación de jurisdicción interpuesta por el abogado MIGUEL ANGEL CARVAJAL ROJAS, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano GERMAN BELTRAN BORRERO, en consecuencia, remítase el expediente al Juzgado Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: ORDENA remitir copia certificada del presente fallo al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a los fines de que provean lo que juzguen conducente, con relación a la actuación del abogado MIGUEL ANGEL CARVAJAL ROJAS, supra identificado, debiendo informar a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. TERCERO: De conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Publíquese, regístrese, comuníquese y remítase el expediente al Tribunal a quo. Cúmplase lo ordenado.