Sentencia N° 657 Político-Administrativa TSJ 2001: Andrés Eloy de León vs Calmaquip de Venezuela, S.A. — Recurso contencioso…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por Andrés Eloy de León, en su calidad de Presidente de Inversiones Pemica, C.A., contra una providencia administrativa relacionada con la adjudicación directa de un contrato. La Sala determina que el recurso no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en cuanto a la falta de precisión en las razones de hecho y derecho que fundamentan la acción.

En efecto, señaló la representación de la Procuraduría General de la República que el recurso de nulidad de autos, viola lo establecido en el artículo 113 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto no expresa de manera clara y precisa las razones de hecho en las cuales fundamenta las infracciones que denuncia, ni las disposiciones legales en que se basa, limitándose la recurrente “a hacer notar una serie de consideraciones sobre los hechos que dieron lugar al acto”, por lo que el sentenciador no puede interpretar lo expuesto por la parte actora, sin traspasar con ello sus límites competencia. Tales alegatos fueron reiterados por las otras partes intervinientes en este proceso. En este orden de ideas, cabe destacar que el artículo 113 ya mencionado, exige que el recurso contencioso administrativo de anulación debe indicar “con toda precisión el acto impugnado, las disposiciones constitucionales o legales cuya violación se denuncie y las razones de hecho y de derecho en que se funde la acción”. De allí, que para la admisión de una acción de esta naturaleza es menester que se señalen cuales son los presuntos vicios en que incurrió el acto impugnado, con fundamento en el ordenamiento jurídico vigente, pues la declaratoria de nulidad no puede surgir de simples presunciones fácticas, sino que debe estar fundamentada en las razones de derecho pertinentes, no pudiendo el Juez suplir los alegatos del recurrente. Así, la ilegalidad debe determinarse a través de la relación que debe existir entre el acto impugnado y el vicio del cual este adolezca.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo de anulación ejercido por el ciudadano ANDRÉS ELOY DE LEÓN, en su condición de Presidente de la sociedad mercantil INVERSIONES PEMICA, C.A., asistido por el abogado TULIO ALBERTO ALVAREZ, contra la Providencia Administrativa contenida en el Punto de Cuenta Nº 07 de la Agenda Nº 235 de fecha 30 de diciembre de 1997, mediante la cual el Director General Sectorial de Transporte Aéreo, solicitó autorización al Ministro de Transporte y Comunicaciones para otorgar por vía de adjudicación directa la ejecución de la obra “Suministro, instalación, prueba y puesta en servicio de instrumentos y equipos de tráfico aéreo para la modernización de los sistemas de comunicaciones y de señalización de las Torres de Control en los Aeropuertos de Maiquetía, Maracaibo, Barquisimeto, Barcelona, Porlamar y Puerto Ordaz” a la empresa CALMAQUIP DE VENEZUELA, S.A. 2) NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR en cuanto a la medida cautelar innominada solicitada por la recurrente. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente y remítanse los antecedentes administrativos.