Sentencia N° 653 Político-Administrativa TSJ 2000: Abdel Carrillo Lujan vs Dirección General Sectorial de Personal del…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia recibió un expediente relacionado con una acción de amparo constitucional interpuesta por Abdel Carrillo Lujan contra el Ministerio de Educación. Tras analizar la situación jurídica y la entrada en vigencia de la nueva Constitución, la Sala decidió declinar su competencia a la Sala Constitucional para que esta conozca de la acción de amparo. La decisión se fundamenta en la jurisprudencia establecida por la Sala Constitucional sobre la competencia en materia de amparo.

Correspondería a esta Sala pronunciarse acerca de la acción de amparo interpuesta, sin embargo, vistas las actuaciones y cambios producidos en el sistema jurídico positivo venezolano, con motivo de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por referéndum de fecha 15 de diciembre 1999 y publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860 del 30 de diciembre de 1999, se observa lo siguiente: El artículo 262 de la referida Carta Magna dispone que el Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Plena y en Sala Constitucional, Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas competencias son las determinadas en esta Constitución y en la Ley Orgánica respectiva, por tanto, se estima que, mientras se promulga la aludida ley, las distintas Salas de este Tribunal Supremo deben conocer de las causas que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellas que ingresen a este órgano jurisdiccional, atendiendo al criterio de la afinidad que exista con el asunto debatido en cada uno de los casos en concreto y la especialidad de cada una de las Salas. Así mismo, la vigente Constitución otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional tanto del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. Ahora bien, a los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar en su labor como máximo administrador de justicia. Por tanto, aún cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este alto Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas.

DECLINA en la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, la competencia para conocer de la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado ABDEL CARRILLO LUJAN, contra la Dirección General Sectorial de Personal del MINISTERIO DE EDUCACION.