Sentencia N° 645 Político-Administrativa TSJ 2001: Rodolfo Arvelaiz Reyes, Emilio José Donaire… vs Gobernación DEL Estado Guárico

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de medida cautelar innominada presentada por varios Alcaldes del Estado Guárico, quienes demandaron a la Gobernación del Estado para que se cumplieran convenios de transferencia de recursos. La Sala determinó que la medida cautelar era improcedente, argumentando que los Estados gozan de prerrogativas fiscales y procesales que les impiden ser objeto de embargos o medidas de ejecución preventiva. La decisión se fundamentó en la Ley Orgánica de Descentralización y otras normativas que protegen a los entes públicos de este tipo de acciones.

Ha sido criterio reiterado de este Alto Tribunal que la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos medios de prueba, que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo y del derecho que se reclama. Por tal razón, respecto de toda solicitud cautelar deben examinarse imperativamente los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris). Sin embargo, en el caso de autos, debe examinarse con carácter previo a los extremos anteriormente referidos, si la medida que se pretende puede obrar contra un ente público político-territorial como lo es el Estado Guárico, toda vez que se han alegado las prerrogativas fiscales y procesales de las que goza la República en juicio y que habrían sido extendidas, por mandato legal, a los Estados. Al respecto, observa esta Sala que de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia del Poder Público, los Estados tendrán los mismos privilegios y prerrogativas fiscales y procesales de los que goza la República. En tal virtud, los Estados, como la República, no están sujetos a embargos, secuestros, hipotecas o medidas de ejecución preventiva o ejecutiva respecto de sus bienes, rentas, derechos o acciones, conforme lo disponen los artículos 16 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por lo cual forzosamente debe declararse improcedente la solicitud de medida cautelar innominada formulada por los Alcaldes actores. Así se decide.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar innominada propuesta por los ciudadanos RODOLFO ARVELAIZ REYES, EMILIO JOSÉ DONAIRE RAMOS, DIOMEDES ANTONIO BASTIDAS, OCTAVIO VIANA TROCONIS, JACINTO JARMAKANI, CRISTÓBAL JOSÉ RODRÍGUEZ, EDGAR MARTÍNEZ, QUINTÍN R. VELÁSQUEZ y JOSÉ GREGORIO LOVERA, todos debidamente identificados, en su carácter de Alcaldes de los Municipios Autónomos SAN JOSÉ DE GUARIBE, ORTIZ, SANTA MARÍA DE IPIRE, FRANCISCO DE MIRANDA, CAMAGUÁN ZARAZA, INFANTE, EL SOCORRO y MELLADO, respectivamente, en el marco del juicio que siguen contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO GUÁRICO. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el cuaderno separado. Cúmplase lo ordenado.