Sentencia N° 645 Político-Administrativa TSJ 2000: Jose Edmundo Gonzalez Quintero vs República de Venezuela (Ministerio de…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una acción de amparo constitucional y un recurso de nulidad interpuestos por el ciudadano José Edmundo González Quintero contra la República de Venezuela. Se determinó que el Tribunal de la Carrera Administrativa había declarado su incompetencia, lo que llevó a la remisión del caso a esta Sala. La Sala concluyó que, dado que el demandante era un funcionario del Servicio Exterior, la competencia correspondía a la Sala Político Administrativa, y se aceptó la acción de amparo cautelar.

La Sala ha señalado en anteriores oportunidades que las demandas y recursos interpuestos en materia laboral por funcionarios adscritos al Servicio Exterior contra la República son competencia de esta Sala Política-Administrativa y no del Tribunal de la Carrera Administrativa, por cuanto este tipo de funcionarios se encuentran excluidos de la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa por mandato expreso del artículo 5 de dicha Ley. En efecto, en sentencia de fecha 8 de abril de 1.997, al resolver una declinatoria de competencia en una demanda incoada por un funcionario de los denominados en la Ley de Personal del Servicio Exterior como Funcionario en Comisión, la Sala estableció: “El problema medular planteado en el presente caso, a juicio de la Sala, radica en lo que debe entenderse cuando el artículo 5, numeral 2 de la Ley de Carrera Administrativa, habla de funcionarios del Servicio Exterior amparados por la Ley de Personal del Servicio Exterior. Al respecto considera esta Sala, que el criterio mantenido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo hasta la fecha de la decisión apelada, mediante el cual los funcionarios en comisión no se encuentran ‘amparados’ – como sinónimo de protegidos- en materia de estabilidad laboral por la Ley de Personal del Servicio Exterior, y por lo tanto debe aplicársele en esta materia las normas contenidas en la Ley Carrera Administrativa, era incorrecto, toda vez que los funcionarios en comisión se encuentran regulados o sometidos a un régimen jurídico o estatuto de Personal determinado (Ley de Personal del Servicio Exterior) y por ende excluidos de la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa, no sólo en materia de estabilidad, sino en todos los demás aspectos relacionados con el ejercicio de esta clase de funcionarios.” Es por ello que, en el caso de autos, al ser el actor funcionario en comisión del Servicio Exterior y, por ende, excluido de la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa, ya que se encuentra regido por la Ley de Personal del Servicio Exterior, esta Sala concluye que, efectivamente, como sostiene el Tribunal de la Carrera Administrativa, éste era incompetente para conocer de la presente causa, en virtud de que dicha competencia se encuentra atribuida a esta Sala Político Administrativa, de conformidad con el numeral 10 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Así se declara.

Con fundamento a lo anteriormente expuesto, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Tribunal de la Carrera Administrativa, en decisión de fecha 17 de enero del año 2000, mediante la cual confirmó el auto del Juzgado de Sustanciación de fecha 5 de octubre de 1.999, que declaró su incompetencia para conocer de la acción de amparo constitucional conjuntamente con recurso de nulidad incoada por el ciudadano JOSE EDMUNDO GONZALEZ QUINTERO contra la República de Venezuela (Ministerio de Relaciones Exteriores). SEGUNDO: ADMITE la acción de amparo cautelar, ejercida conjuntamente con recurso de nulidad, contra la Resolución Nº DGSP-00050 de fecha 21 de enero de 1.999 y ORDENA la notificación del ciudadano Ministro de Relaciones Exteriores para que, en un lapso perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, presente, conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales, un Informe sobre las presuntas violaciones de derechos constitucionales que se le imputan en la solicitud de la acción de amparo cautelar, conjuntamente con recurso de nulidad, que inicia este procedimiento. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase, con oficio, copia certificada de la presente decisión al Tribunal de la Carrera Administrativa. Cúmplase lo ordenado.