Sentencia N° 642 Político-Administrativa TSJ 2001: Empresa de Construcciones y Mantenimiento… vs Corporación Aluminios de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la perención de la instancia en un caso de cobro de bolívares. Se determinó que la parte actora no cumplió con las obligaciones legales para la citación del demandado, lo que llevó a la declaración de perención de la instancia. La decisión se fundamenta en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que establece que la perención ocurre cuando transcurre un plazo sin que se realicen las actuaciones necesarias.

En la reforma del Código de Procedimiento Civil de 1986, el legislador incluyó en el ordinal 1º del artículo 267 una nueva causa de perención de la instancia, la cual ocurre cuando hayan transcurrido treinta (30) días contados desde la fecha de admisión de la demanda, sin que el demandante hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado. Ahora bien, corresponde determinar si efectivamente la parte actora cumplió con las obligaciones que le establece la Ley. Así de la revisión de los autos se puede observar que: 1- En fecha 20 de julio de 1999, el Juzgado de Sustanciación admitió la presente demanda y ordenó emplazar al Presidente de la Corporación Aluminios de Venezuela, C.A, antes C.V.G. VENALUM, C.A., en la persona del ciudadano Alfredo Rivas Lairet, así como también ordenó notificar al Procurador General de la República. 2- El 3 de agosto de 1999, el Secretario del Juzgado de Sustanciación dejó constancia de no haberse cumplido con lo ordenado en el auto antes descrito, por cuanto la parte interesada no había cancelado los derechos arancelarios correspondientes. 3- En fecha 1° de marzo de 2000, el Juzgado de Sustanciación acordó cumplir con todas las actuaciones acordadas por el Tribunal, sin la previa cancelación de los aranceles judiciales, por considerar que toda la normativa referida a la cancelación del arancel judicial y otras tasas o contribuciones correspondientes al presente caso evidencian una inconstitucionalidad sobrevenida, ya que contradicen los principios consagrados en el artículo 26 de nuestra Carta Magna. 4- El Juzgado de Sustanciación por auto del 1° de marzo de 2000, expidió el cartel respectivo. 5- El 29 de marzo de 2000, compareció el ciudadano Henry Barrios, en su condición de Alguacil de este Tribunal y consignó el recibo de fecha 23 de marzo de 2000, que le fuera firmado por el Procurador General de la República, con motivo de la citación que se le hizo en el presente juicio. Al respecto, examinadas las actas procesales que componen el expediente, se constata que desde el 20 de julio de 1999, fecha en la cual el Juzgado de Sustanciación admitió la demanda y ordenó la citación de ley, transcurrió íntegramente el plazo de 30 días al cual se refiere el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, antes de la entrada en vigencia del nuevo Texto Constitucional. Igualmente se constata de los autos que la parte demandante nunca ha actuado en el expediente desde que éste fue remitido a la extinta Corte Suprema de Justicia; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, operó de pleno derecho la perención de la instancia. Así se declara.

Conforme a lo expuesto, resulta evidente que habiendo transcurrido el lapso previsto en el indicado ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se ha consumado de pleno derecho la PERENCIÓN y en consecuencia, se ha EXTINGUIDO LA INSTANCIA en el presente proceso, lo cual declara esta Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.