Sentencia N° 641 Político-Administrativa TSJ 2000: Isabel Corella de Rodriguez vs Manuel Diaz Perez — Regulación de jurisdicción…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción para conocer de la acción de cumplimiento de contrato de arrendamiento interpuesta por Isabel Corella de Rodríguez contra Manuel Díaz Pérez. Se determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para decidir sobre esta acción, confirmando la decisión del juzgado de instancia que había declarado sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción. Además, se impuso una multa a la parte demandada por interponer una solicitud infundada de regulación de jurisdicción.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 2º de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de cumplimiento de un contrato de arrendamiento, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el antes mencionado artículo, en el 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por el abogado FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, apoderado judicial de la ciudadana ISABEL CORELLA DE RODRIGUEZ, contra el ciudadano MANUEL DIAZ PEREZ. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a-quo en fecha 17 de NOVIEMBRE de 1999. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa.