Sentencia N° 64 — Sala Político Administrativa del TSJ, 15 de enero de 2003

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana Marx Caballero Pérez contra un acto administrativo de remoción dictado por el Defensor del Pueblo. La Sala determinó que el caso debía ser conocido por el Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, declinando así su competencia.

El caso de autos, versa sobre un recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar, por el apoderado judicial de la ciudadana Marx Caballero Pérez, contra un acto administrativo dictado por el Defensor del Pueblo, mediante el cual su representada fue removida y retirada del cargo que venía desempeñando como Defensora Auxiliar, así como contra el artículo 2, tercer aparte, de la Resolución NNº DP-2001-174, de fecha 31 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.570, por medio de la cual se establecen cuáles son los cargos de libre nombramiento y remoción de la Defensoría del Pueblo. Ahora bien, el presente caso, trata de una materia cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, pero no le está atribuida única y exclusivamente a este Supremo Tribunal, sino también “...a los demás que determine la ley”, circunstancia que requiere precisar que la figura de la querella o demanda ha sido concebida como la acción típica del contencioso funcionarial, el cual se encuentra a cargo de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, en los ámbitos estadal y municipal, y del entonces Tribunal de la Carrera Administrativa como tribunal contencioso administrativo especial, en lo que respecta a los asuntos que se deriven de la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa, que regulaba, a tenor de lo dispuesto en su artículo 1º, los derechos y deberes de los funcionarios públicos en sus relaciones con la Administración Pública Nacional y el artículo 73 eiusdem, que establecía las atribuciones del Tribunal de la Carrera Administrativa, entre ellas, conocer y decidir las reclamaciones que formulen los funcionarios públicos, cuando consideren lesionados sus derechos.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA EN EL TRIBUNAL SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRAL, para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto conjuntamente con amparo cautelar, por el apoderado judicial de la ciudadana MARX CABALLERO PÉREZ contra el acto administrativo de efectos particulares dictado por el Defensor del Pueblo, ciudadano Germán José Mundaraín Hernández distinguido con el Nº DP-2002-068, de fecha 7 de junio de 2002, mediante el cual se acordó la remoción y retiro de la ciudadana anteriormente identificada, quien se desempeñaba como Defensora Auxiliar, adscrita a la Defensoría Delegada del Estado Aragua, así como contra el artículo 2, tercer aparte, de la Resolución Nº DP-2001-174, de fecha 31 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial de la República Nº 5.570, extraordinario de fecha 3 de enero de 2002, por medio del cual se establecen cuales son los cargos de libre nombramiento y remoción de la Defensoría del Pueblo.