Sentencia N° 64 Político-Administrativa TSJ 2001: Nanzo Rafael Biaggi Tapia vs C.V.G Electrificación DEL Caroní, C.A.…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta contra la sociedad C.V.G ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ, C.A. (EDELCA). La demanda fue remitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que declinó su competencia al considerar que la cuantía de la demanda excedía los cinco millones de bolívares, lo que corresponde a esta Sala según la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. La Sala, tras analizar los argumentos presentados, concluyó que efectivamente tenía competencia para conocer del caso, dado que la demanda por daños y perjuicios estaba estimada en treinta y cinco millones de bolívares, y la empresa demandada es una entidad del Estado. Por lo tanto, se aceptó la competencia y se ordenó remitir la causa al Juzgado de Sustanciación para continuar con el procedimiento correspondiente. Finalmente, la decisión fue firmada por el magistrado ponente y los demás magistrados presentes, y se publicó en la Gaceta Oficial correspondiente.

El ordinal 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, atribuyen competencia a esta Sala Político Administrativa para conocer: “De las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad.” En el caso de autos se ha intentado una demanda por indemnización de daños y perjuicios estimada en Treinta y Cinco Millones de Bolívares (Bs. 35.000.000,00), contra la sociedad mercantil C.V.G ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ, C.A. (EDELCA), la cual es una empresa del Estado, con participación mayoritaria del Fondo de Inversiones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana; por tanto la competencia para conocer del presente asunto corresponde a esta Sala Político-Administrativa, a tenor de lo establecido en el indicado numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia en concordancia con el artículo 43 eiusdem. Así se declara.

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA la competencia para conocer y decidir el caso planteado. Se ordena remitir la presente causa al Juzgado de Sustanciación, a los fines de la continuación del procedimiento y de que se practiquen las notificaciones de ley. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.