Sentencia N° 629 — Sala Político Administrativa del TSJ, 9 de junio de 2004

TSJ/SPA, Sent. N° 00629, Exp. 2004-0128, 10/06/2004
Expediente2004-0128
PonenteLEVIS IGNACIO ZERPA
MateriaContencioso-Administrativo
Tipo de recursoNulidad
Fecha de la decisión2004-06-09
DecisiónIMPROCEDENTE

Resumen

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de aclaratoria de la sentencia N° 00368, donde se declaró que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer la acción de amparo constitucional interpuesta por varios ciudadanos contra el Coordinador de la Comisión de Modernización del IUTVAL. La solicitud de aclaratoria fue presentada por el abogado de los accionantes, quien argumentó que los recurrentes son funcionarios públicos y solicitó aclaraciones sobre su estatus laboral. La Sala determinó que la solicitud fue presentada a tiempo, pero que el tema de la relación laboral no era competencia de la Sala, por lo que declaró improcedente la solicitud de aclaratoria.

Extracto de la motiva

Previamente a proveer en cuanto a lo solicitado, debe esta Sala determinar si la referida solicitud fue consignada tempestivamente, conforme al dispositivo procesal que regula la materia, contenido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: Artículo 252: Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes el día de la publicación o en el siguiente. (negrillas de la Corte). Con relación al lapso procesal del cual disponen las partes para solicitar las aclaratorias y ampliaciones del fallo, contemplado en el texto anteriormente transcrito, esta Sala se ha pronunciado en otras oportunidades en el sentido de que los referidos lapsos deben preservar el derecho al debido proceso y a una justicia transparente, consagrados en la vigente Constitución, y no constituir por su extrema brevedad, un menoscabo al ejercicio de dichos derechos. En efecto, mediante sentencia Nº 00124 del 13 de febrero de 2001, (caso : Olimpia Tours and Travel C.A.), se estableció: “(Omissis...) Examinada la norma bajo análisis se observa que en un sistema fundamentalmente escrito como el nuestro, y limitadas las presentes consideraciones a los procesos seguidos ante esta Sala, y a los supuestos contenidos en la norma considerada, la misma carece de racionalidad en virtud de que no encontramos elemento de tal naturaleza que justificando la extrema brevedad del lapso, no implique un menoscabo del contenido esencial a solicitar el derecho a una justicia transparente, en comparación con supuestos de gravedad similares como es el caso de la apelación y, siendo así esta Sala, en el presente caso, considera necesario aplicar con preferencia la vigencia de las normas constitucionales sobre el debido proceso relativas a la razonabilidad de los lapsos con relación a la norma del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución, dispone en forma conducente, con efectos ex nunc, que el lapso para oír la solicitud de aclaratoria formulada es igual al lapso de apelación del artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, salvo que la ley establezca un lapso especial para la misma en los supuestos de los actos a que se refiere el artículo 252 eiusdem.

Dispositiva

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria de sentencia interpuesta por el abogado Alberto Napoléon Schilling Hernández, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos MIRNA LEONELA CRUZ MARTÍNEZ, MARÍA ANTONIETA AMORESE PÉREZ, LUCÍA DAYANA GASPERIN MAYER, MILITZA JOSEFINA IRIZA CASTRO, NABOR ANTONIO CHIRINOS ARRAEZ, GINA DOMÉNICA DE MARCO RIVAS, BASSAM ASFUR IHMAIDAN, YARITZA MAGDALENA GONZÁLEZ GARCÍA, MARÍA NELLY GONZÁLEZ CAPOTE y CARLOS ALBERTO RIBEIRO INFANTE, respecto al fallo N° 00368, dictado por esta Sala Político-Administrativa el 21 de abril de 2004.

Palabras clave

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