Sentencia N° 616 Político-Administrativa TSJ 2000: AGRAVLOS SHIPPING Co., S.A. vs Instituto Nacional de Canalizaciones
TSJ/SPA, Sent. N° 00616, Exp. 7335, 21/03/2000 · 21 de marzo de 2000
Expediente7335
Parte actora / solicitanteAGRAVLOS SHIPPING Co., S.A.
Parte demandada / contraparteINSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES
PonenteLEVIS IGNACIO ZERPA
MateriaContencioso-Administrativo
Tipo de recursoNulidad
Fecha de la decisión2000-03-21
DecisiónCon Lugar
Resumen
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud del desistimiento puro y simple de una demanda interpuesta por la empresa AGRAVLOS SHIPPING Co., S.A. contra el INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES, decide homologar dicho desistimiento. Se verifica la legitimidad y capacidad procesal de la abogada solicitante, quien actuó como apoderada judicial de la demandante. No se presenta razón de orden público que impida la tramitación del desistimiento, por lo que se declara homologado.
Extracto de la motiva
De lo expuesto se constata que se trata del desistimiento puro y simple de una demanda interpuesta. Ahora bien, vista la legitimidad y capacidad procesal de la abogada solicitante Islia Carreño N. -por tratarse de la apoderada judicial de la demandante, según se evidencia de documento poder autenticado bajo el Nº 10 del Tomo 40 de los libros de Autenticaciones llevados por la Notaría Pública Segunda de Puerto Ordaz, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, en fecha 27 de abril de 1990-, prevista dicha actuación en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil aplicable al caso y no existiendo razón alguna de orden público que se oponga o impida su tramitación, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA HOMOLOGADO el referido desistimiento.
Dispositiva
DECLARA HOMOLOGADO el referido desistimiento. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.
Palabras clave
desistimientodemandahomologacióncapacidad procesaljusticia administrativa