La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer de la oposición a la venta de un terreno ejido. La controversia surgió entre Víctor José Olivares Aguirre, quien solicitó la compra del terreno, y María Teresa de Jesús Rodríguez, quien se opuso alegando ser la propietaria. El juzgado de origen declaró su falta de jurisdicción, argumentando que la competencia correspondía al Concejo Municipal según la Ordenanza sobre Terrenos Ejidos y la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
Extracto de la motiva
La Sala advierte que al no ser aplicables las disposiciones de la Ordenanza Sobre Terrenos Ejidos, mediante las cuales se establece que la oposición a la solicitud de compra de un terreno ejido debe ser tramitada y conocida por un Tribunal de Municipio, debe atenderse a lo señalado en el ordinal 8° del artículo 76 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el cual dispone que son los Concejos Municipales los facultados para aprobar lo concerniente a la enajenación de los ejidos del Municipio. En efecto, según se desprende de la mencionada norma y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 125 eiusdem corresponde al Concejo Municipal aprobar la enajenación de los ejidos, verificadas las condiciones y restricciones establecidas en la ordenanza respectiva y previas las formalidades que la misma señale.
Dispositiva
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer de la presente controversia. En consecuencia, se confirma la decisión consultada.
Palabras clave
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