La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la sentencia N° 00612, decreta la ejecución forzosa de la sentencia N° 01072, que ordenaba el pago de una indemnización por daños morales a favor de Carlos Rafael Quevedo Herrera. La decisión se fundamenta en la falta de cumplimiento voluntario por parte del Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y Transporte, quien fue condenado a pagar una asignación mensual vitalicia equivalente a 40 Unidades Tributarias desde la fecha de la sentencia original, el 3 de noviembre de 2010.
Extracto de la motiva
Corresponde a esta Sala pronunciarse con relación a la solicitud formulada en fecha 4 de febrero de 2014 por la representación judicial del ciudadano Carlos Rafael Herrera Quevedo, relativa a la declaratoria de ejecución forzosa de la sentencia Nº 01072 publicada el 3 de noviembre de 2010. En tal sentido, aprecia la Sala que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su Capítulo VI, denominado “La ejecución de la sentencia”, atinente a “Los Procedimientos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, establece el procedimiento para la ejecución de las sentencias en las cuales resulten condenados la República, los Estados y los Municipios. Al respecto, el artículo 108 del referido Texto Legal dispone: “Cuando la República o algún estado sean condenados en juicio, se seguirán las normas establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En el caso de los municipios se aplicarán las normas de la ley especial que rija al Poder Público Municipal y supletoriamente, el procedimiento en esta Ley”. (Destacado de la Sala). Ahora bien, aprecia la Sala que en el caso bajo estudio el ente condenado es el Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y Transporte, adscrito al Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, por lo que resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 158 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.015 Extraordinario del 28 de diciembre de 2010. En dicho texto legal se prevé el procedimiento de ejecución voluntaria de las sentencias en las que sean condenados los entes municipales, los cuales dispondrán de un lapso de diez (10) días de despacho para dar cumplimiento voluntario al dispositivo del fallo, una vez practicada la notificación de la sentencia que ordene la ejecución al Alcalde o Alcaldesa o a la autoridad ejecutiva de la entidad municipal.
Dispositiva
Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decreta: 1.- La EJECUCIÓN FORZOSA de la sentencia Nº 01072 dictada por esta Sala el 3 de noviembre de 2010, publicada en esa misma fecha. 2.- Se ORDENA al Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y Transporte, adscrito al Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, dar cumplimiento a lo ordenado por esta Sala en el fallo Nº 01072, publicado el 3 de noviembre de 2010 y en caso de no contar a esta fecha el prenombrado ente con la partida correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 159, numeral 1 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se ordena incluir en el presupuesto del año próximo y siguientes una partida destinada a cubrir la asignación mensual vitalicia a favor del ciudadano Carlos Rafael Herrera Quevedo, equivalente a Cuarenta (40) Unidades Tributarias.