Sentencia N° 60 Político-Administrativa TSJ 2001: Corporación Digitel C.A. vs Alcaldesa DEL Municipio Baruta

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar la demanda de nulidad interpuesta por CORPORACIÓN DIGITEL C.A. contra la Resolución Nº 099 de la Alcaldesa del Municipio Baruta, que rescindió unilateralmente un contrato administrativo. La Sala argumentó que la rescisión se basó en el incumplimiento de la Cláusula Décima Octava del Convenio de Cooperación, que requería la aprobación previa del proyecto de instalación de una antena. Además, se consideró que la actuación de la Alcaldía se justificó en el interés colectivo y la preservación del orden urbanístico, dado el descontento de los vecinos por la instalación de la antena.

1.- En primer término, pasa esta Sala a analizar los vicios de inconstitucionalidad que imputa la demandante a la Resolución Nº 099 del 08 de diciembre de 1999, por la cual la Alcaldesa del Municipio Baruta decidió rescindir unilateralmente el Convenio de Cooperación, suscrito entre ésta y aquélla el 08 de septiembre del mismo año. a) Señala la recurrente que si bien la rescisión unilateral de los contratos administrativos es una prerrogativa de la Administración, en el presente caso, la decisión adoptada en la Resolución Nº 099 constituye una sanción impuesta a CORPORACIÓN DIGITEL C.A. por el presunto incumplimiento de la Cláusula Décima Octava del Convenio de Cooperación. Es por ello que, estima, debió garantizársele el ejercicio de su derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. No obstante lo anterior, la Administración municipal, contraviniendo los principios que informan los procedimientos sancionatorios, omitió notificar a la demandante de la apertura de un procedimiento administrativo, impidiéndosele así demostrar que su conducta se había adecuado a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, por lo que no habría vulnerado ninguna de las cláusulas contractuales. Por su parte, el abogado Germán Moser Cedeño, ya identificado, en su escrito de informes señaló que “en este caso, el Municipio no ejerció su potestad sancionatoria... sino su potestad de policía cuyo propósito es el de preservar el orden público que es propio de la materia urbanística”.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: - NO TENER MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR en relación con la acción de amparo ejercida con carácter cautelar. - SIN LUGAR la demanda de nulidad intentada por el apoderado judicial de la sociedad mercantil CORPORACIÓN DIGITEL C.A., contra la Resolución Nº 099, emitida el 08 de diciembre de 1999 por la ALCALDESA DEL MUNICIPIO BARUTA, mediante la cual “rescinde unilateralmente el contrato administrativo ‘Convenio de Cooperación”, suscrito entre el Municipio Baruta y su representada y contra la Resolución Nº 739 del 12 de abril de 2000, dictada por el GERENTE DE INGENIERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BARUTA, por la cual decidió imponer multa a la recurrente, ordenarle la demolición de la estructura y negar el permiso solicitado el 14 de septiembre de 1999. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente judicial. Cúmplase lo ordenado.