Sentencia N° 60 Político-Administrativa TSJ 2000: RÓMULO JOSÉ ZAPATA y VICTALIA DEL VALLE… vs Tilibeth Diaz Rivas

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción en un caso de cumplimiento de contrato de arrendamiento. Los demandantes alegaron incumplimiento por parte de la arrendataria en el pago del servicio telefónico. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir sobre la acción de cumplimiento de contrato, independientemente de la naturaleza del mismo. Se impuso una multa a la demandada por interponer una solicitud de regulación de jurisdicción infundada y se ordenó remitir el caso al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados por faltas del abogado de la parte demandada.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 20 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de cumplimiento de un contrato de arrendamiento, por el presunto incumplimiento del pago de servicio telefónico del inmueble arrendado, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el antes mencionado artículo, en el 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción por cumplimiento de contrato intentada por los abogados Porfirio Guzmán Rodríguez, Fernando Guilarte Monagas, y Carlos Bellorín Quijada, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos Rómulo José Zapata, y Victalia del Valle Castillo Guilarte, contra Tilibeth Diaz Rivas. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Igualmente, la sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas irreversibles a los deberes de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los articulos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado Carlos Sifontes Brito, Inpreabogado Número: 33.212, debiendo informar a esta Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.