El ciudadano Gerardo William Méndez Guerrero interpuso un recurso de nulidad contra la Resolución N° 01-00-000299 del Contralor General de la República, que lo inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por dos años. La Sala Político-Administrativa del TSJ, presidida por la Magistrada Evelyn Marrero, declaró sin lugar el recurso, argumentando que la sanción se ajustó a la normativa vigente y que no se configuraron los vicios alegados por el recurrente, como la prescripción de la acción sancionatoria o la violación del derecho a la defensa. La decisión reafirma la potestad del Contralor para imponer sanciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad administrativa.
Extracto de la motiva
Denuncia el actor que el acto impugnado, esto es, la Resolución del Contralor General de la República distinguida bajo el N° 01-00-000299, dictada en fecha 13 de noviembre de 2007, por la cual fue inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por un período de dos (2) años, lesiona los principios de legalidad, confianza legítima, seguridad jurídica proporcionalidad e irretroactividad de la Ley, incurre en los vicios de desviación de poder e inmotivación, y atropella sus derechos constitucionales a la defensa, al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la función pública y carrera administrativa. Asimismo, expuso la parte recurrente que había operado la prescripción de la acción sancionatoria, pues es evidente la extemporaneidad de la sanción de inhabilitación, habiendo transcurrido más de cinco años luego de declarada su responsabilidad administrativa. De igual modo solicitó la desaplicación por control difuso del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Para decidir, la Sala observa: 1. Con relación a la solicitud de desaplicación por control difuso del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, por su presunta incompatibilidad con la Constitución, se advierte que ya se ha pronunciado esta Sala al respecto, en atención al criterio sentado por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en sentencia N° 1.265 del 5 de agosto de 2008, como sigue: “(…) por decisión de reciente data, a saber, la N° 1265 del 5 de agosto de 2008 (Exp. N° 05-1853), la misma Sala Constitucional estableció categóricamente el carácter constitucional de ese precepto normativo, por considerar, entre otros aspectos, que: (i) El procedimiento administrativo llevado por la Contraloría General de la República para el establecimiento de la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos investigados, comprende tres etapas que garantizan el derecho a la defensa y el debido proceso de los imputados administrativamente; guardando así plena y efectiva compatibilidad con lo previsto en el artículo 49 constitucional. (…Omissis…)
Dispositiva
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar y solicitud de suspensión de efectos, por el ciudadano GERARDO WILLIAM MÉNDEZ GUERRERO, contra la Resolución N° 01-00-000299, dictada en fecha 13 de noviembre de 2007 por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, por la cual se inhabilitó al recurrente para el ejercicio de funciones públicas por un período de dos (2) años. En consecuencia, queda firme el acto impugnado. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado.
Palabras clave
nulidadinhabilitaciónContraloría Generalderecho a la defensaseguridad jurídica