Sentencia N° 599 Político-Administrativa TSJ 2001: Ernestina Martínez de Montes vs Alcaldía DEL Municipio Iribarren DEL Estado…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana Ernestina Martínez de Montes contra una resolución de la Alcaldía del Municipio Iribarren que declaró sin lugar su solicitud de contrato de concesión de uso de una parcela ejidal. La Sala aceptó su competencia para conocer del caso, considerando que se trataba de un contrato administrativo. Tras analizar la situación, se constató la perención de la instancia debido a la inactividad procesal de las partes durante más de un año.

Para decidir, la Sala observa: Ha sido jurisprudencia reiterada de este Supremo Tribunal, el considerar que cuando se está en presencia de una cuestión planteada con ocasión de un contrato administrativo en materia ejidal, la competencia para conocer del mismo corresponde a esta Sala, en virtud de lo establecido en el numeral 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el cual señala: “Artículo 42: Es de la competencia de la Corte como más Alto Tribunal de la República: 14.- Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o las Municipalidades”. Ahora bien, se llega a esta conclusión partiendo de la base de que los contratos celebrados por los Municipios, sin importar su naturaleza (compraventa, arrendamiento, comodato, etc.) son verdaderos contratos administrativos, toda vez que los mismos poseen las tres características básicas de todo contrato administrativo, a saber: 1.- una de las partes es un ente público; 2.- el contrato tiene una finalidad de utilidad pública o la prestación de un servicio público y; 3.- como consecuencia de lo anterior, se entiende la presencia de ciertas prerrogativas de la Administración en dichos contratos, consideradas como exorbitantes, aun cuando no se encuentren expresamente plasmadas tales características en el texto del mismo. En el caso de autos, se ha interpuesto un recurso de nulidad contra un acto administrativo dictado por un Concejo Municipal, mediante el cual se declaró sin lugar la solicitud de la recurrente de un contrato de concesión de uso de una parcela de terreno de origen ejidal, considerando que el mismo se encontraba dado en enfiteusis, el cual de conformidad con el criterio antes señalado tendría la característica de ser un contrato administrativo, situación que evidentemente repercute en la validez del mismo. Así, comprobada como ha sido la existencia de una cuestión derivada del proceso de formación de un contrato administrativo, debe entonces aplicarse la regla atributiva de competencia, contenida en el numeral 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, según los cuales es competencia de esta Sala Político-Administrativa conocer de la presente causa, y así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer el presente juicio. DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.