Sentencia N° 599 Político-Administrativa TSJ 2000: Carolina Martinez Medina vs comité Ejecutivo Nacional del Partido social…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decide declinar su competencia para conocer de la apelación en acción de amparo interpuesta por Carolina Martínez Medina, actuando como apoderada de varios ciudadanos, contra una sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. La decisión se fundamenta en la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la jurisprudencia establecida por la Sala Constitucional en relación a la competencia en materia de amparo. Se establece que, aunque no se ha promulgado la ley orgánica que regule las funciones del Tribunal, este debe continuar conociendo y decidiendo los casos que cursaban ante la extinta Corte Suprema de Justicia.

Correspondería a esta Sala pronunciarse acerca de la apelación interpuesta, sin embargo, vistas las actuaciones y cambios producidos en el sistema jurídico positivo venezolano, con motivo de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por referéndum de fecha 15 de diciembre de 1999 y publicada en Gaceta Oficial N° 36.860 del 30 de diciembre de 1999, se observa lo siguiente: El artículo 262 de la referida Carta Magna dispone que el Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Plena y en Sala Constitucional, Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas competencias son las determinadas en esta Constitución y en la Ley Orgánica respectiva, por tanto, se estima que, mientras se promulga la aludida ley, las distintas Salas de este Tribunal Supremo deben conocer de la causas que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como de aquellas que ingresen a este órgano jurisdiccional, atendiendo al criterio de la afinidad que exista con el asunto debatido en cada uno de los casos en concreto y la especialidad de cada una de las Salas. Asimismo, la vigente Constitución otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. Ahora bien, a los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar en su labor como máximo administrador de justicia. Por tanto, aún cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este alto Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA en la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, la competencia para conocer de la apelación en acción de amparo interpuesta por la abogado CAROLINA MARTINEZ MEDINA, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos TOMAS RODRIGUEZ, LUZMILA MARCANO, ELY GUEVARA, LUIS FERNANDEZ, EMERIS SUBERO y CARMEN DE RIVADULLA, contra la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 7 de noviembre de 1996. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.