La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de competencia solicitada por la sociedad civil Monasterio San Luis, quien alegó la actuación ilegal de la Oficina Nacional Antidrogas y el Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados. La Sala declaró su competencia para conocer la regulación, pero sin lugar el recurso, determinando que corresponde al Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida conocer de la demanda interpuesta por la sociedad civil. La decisión se fundamenta en la falta de competencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer del caso, dado que la actuación cuestionada se relaciona con un proceso penal.
Extracto de la motiva
La Sala considera que la regulación de competencia fue planteada en virtud de la decisión N° 2013-0111 del 31 de enero de 2013, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo mediante la cual se declaró incompetente para conocer de la demanda de autos, razón por la cual, la regulación de competencia efectivamente corresponde a este Alto Tribunal, toda vez que la referida Corte pertenece a la jurisdicción contencioso administrativa, y esta Sala Político-Administrativa es el tribunal superior de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículos 23 (numeral 15) de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 26 (numeral 15) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Dispositiva
1. Que ES COMPETENTE para conocer la regulación de competencia planteada. 2. SIN LUGAR el recurso de regulación de competencia ejercido por la sociedad civil MONASTERIO SAN LUIS, contra la sentencia de fecha 31 de enero de 2013 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. 3. Que corresponde al TRIBUNAL PENAL DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA la COMPETENCIA para conocer y decidir la solicitud por vías de hecho interpuesta por la mencionada sociedad civil.
Palabras clave
regulación de competenciavía de hechoOficina Nacional AntidrogasTribunal Penal de Control