Sentencia N° 5893 — Sala Político Administrativa del TSJ, 11 de octubre de 2005

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de homologación de una transacción entre la sociedad civil Azuaje & Asociados y la Alcaldía del Municipio Baralt. La demanda original fue por incumplimiento de contrato, y tras varios autos y diligencias, se llegó a un acuerdo de pago que fue presentado ante el Tribunal. La Sala destacó la importancia de notificar al Síndico Procurador Municipal y al Alcalde sobre cualquier decisión que afecte los intereses patrimoniales del Municipio, conforme a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

La Sala para decidir observa: Antes de emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de homologación de la transacción antes trascrita, se debe atender a lo previsto en la vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.204 de fecha 8 de junio de 2005, la cual establece en su artículo 155, lo siguiente: “Los funcionarios judiciales están obligados a citar al síndico procurador o síndica procuradora municipal en caso de demandas, contra el Municipio, o a la correspondiente entidad municipal, así como a notificar al alcalde o alcaldesa de toda demanda o solicitud de cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales del Municipio o la correspondiente entidad municipal. Dicha citación se hará por oficio y se acompañará de copias certificadas de la demanda y todos sus anexos. Mientras no conste en el expediente la citación realizada con las formalidades aquí exigidas, no se considerará practicada. La falta de citación o la citación practicada sin las formalidades aquí previstas, será causal de anulación y, en consecuencia, se repondrá la causa. Una vez practicada la citación, el síndico procurador o síndica procuradora municipal tendrá un término de cuarenta y cinco días continuos para dar contestación a la demanda. Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al síndico procurador o síndica procuradora municipal de toda sentencia definitiva o interlocutoria.” (Subrayado de la Sala) La norma antes comentada establece la obligación del funcionario judicial de hacer parte en el proceso al Síndico Procurador Municipal en los conflictos en los que esté involucrado el Municipio respectivo e informarle de las decisiones que puedan afectar su patrimonio o intereses. A tal efecto dicha norma impone la obligatoriedad, de citarlo a los fines de su comparecencia en el acto de contestación de la demanda, así como de notificarlo de cualquier actuación procesal que pueda afectar el juicio correspondiente.

Por los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley ORDENA NOTIFICAR a la ciudadana Procuradora General de la República, al Síndico Procurador Municipal del Municipio Baralt del Estado Zulia y al Alcalde del referido Municipio de conformidad con lo establecido en el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, para que en un término de cuarenta y cinco (45) días continuos, contados a partir de la fecha de la notificación y vencido el cuál se tendrán por notificados, expongan lo que estimen conveniente en la presente causa. Transcurrido el mencionado plazo, se pasará a proveer lo conducente con los documentos cursantes en el respectivo expediente. Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes. Cúmplase lo ordenado.