Sentencia N° 577 Político-Administrativa TSJ 2001: Seguridad C.I.P.G. C.A. vs Instituto Nacional de Hipódromos I.N.H.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la competencia para conocer del recurso contencioso administrativo interpuesto por la sociedad mercantil SEGURIDAD C.I.P.G. C.A. contra el Instituto Nacional de Hipódromos I.N.H. por el cobro de facturas adeudadas. Se establece que la acción cumple con los requisitos de competencia establecidos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, dado que se demanda a un Instituto Autónomo y la cuantía supera los cinco millones de bolívares.

En primer lugar, considera esta Sala, que de la lectura del escrito recursorio se desprende que se trata de una demanda por cobro de bolívares contra el Instituto Nacional de Hipódromos I.N.H (La Rinconada), en virtud de las facturas que le adeuda a la recurrente, correspondientes a los pagos del aumento del 25% por los conceptos de aumento de salarios decretados por el Presidente de la República en fecha 01 de mayo de 1999 y bono alimenticio. Así entonces, el artículo 42, numeral 15 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece que corresponde a esta Sala: “conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad”. Como puede observarse, la norma arriba transcrita establece un régimen especial de competencia a favor del Tribunal Supremo de Justicia, en todas aquellas acciones intentadas, que cumplan con las tres condiciones contenidas en la misma, a saber: 1) Que se demande a la República, a algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el estado tenga participación decisiva; 2) Que la acción incoada tenga una cuantía superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo); y 3) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, entendiendo con ello, que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la jurisdicción civil y mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la laboral, del Tránsito o Agraria.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACEPTA la competencia para conocer de la presente causa, y a tal efecto, se ordena remitir los autos al Juzgado de Sustanciación, a fin de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda, previo el examen de todos los requisitos de Ley, con excepción de la competencia, ya decidido en este fallo. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.