Sentencia N° 5720 — Sala Político Administrativa del TSJ, 27 de septiembre de 2005

El Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, se pronunció sobre la declinatoria de competencia en una demanda presentada por Ricardo José Reina Ramírez contra la República Bolivariana de Venezuela y varias sociedades mercantiles. La Sala determinó que la competencia para conocer de la demanda no le corresponde, ya que el monto reclamado no supera el límite establecido por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para que este Tribunal conozca de tales acciones.

El demandante pretende que la República Bolivariana de Venezuela junto con varias sociedades mercantiles y varias personas naturales sea condenada a pagar: “...la cantidad de DOS MIL MILLONES DE BOLÍVARES ( Bs. 2.000.000.000,00), sobre la base de los siguientes fundamentos: Artículos 19, 26, 30, 60, 247, 257, de nuestra Constitución y en los Artículos....TERCERO: Sobre la base de lo establecido en los Artículos 265, 266 y el Ordinal 4º del Artículo 426 del C.O.P.P., solicitamos se condene en Costas Procesales a las partes demandadas en razón de la Sentencia que por medio del presente Asunto dicte este Tribunal a favor de nuestro representado, que comprende los honorarios de los Abogados...calculadas en razón del 30% de la cantidad exigible de la demandada (sic), o sea, estimamos (sic) al pago de la cantidad de SEISCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 600.000.000,00)...” (Destacado de la Sala). Conforme se aprecia, entre las cantidades que el demandante pretende ver satisfechas, incluye un monto por concepto de costas y al respecto de ello considera la Sala que resulta necesario efectuar las siguientes precisiones: El artículo 31 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “Para determinar el valor de la demanda se sumarán al capital los intereses vencidos, los gastos hechos en la cobranza y la estimación de los daños y perjuicios anteriores a la presentación de la demanda” Por su parte el artículo 274 eiusdem, establece: “A la parte que fuere vencida totalmente en un proceso o en una incidencia, se la condenará al pago de las costas.” En el presente caso, el motivo por el que es planteada la demanda responde a unos supuestos “daños y perjuicios morales”, lo cual implica que el valor de la demanda incoada por el ciudadano Ricardo José Reina Ramírez, en atención a lo pautado por el citado artículo 31 del Código de Procedimiento Civil, está determinado únicamente por el monto en que hayan sido estimados los referidos daños, toda vez que las costas procesales no sólo no están incluidas dentro de las cantidades que deben ser tomadas en cuenta a los fines de ese cálculo, sino por cuanto, conforme al artículo 274 eiusdem, antes referido, las costas que pretendan ser exigidas al demandado con ocasión del juicio que hubiere sido planteado en su contra, están condicionadas a que resulte totalmente vencido, lo cual obviamente resulta imposible predecir desde el momento mismo en que es planteada la demanda.

Con fundamento en las precedentes consideraciones, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA a los fines de conocer la demanda incoada por RICARDO JOSÉ REINA RAMÍREZ, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, las sociedades mercantiles TELECOMUNICACIONES SATELITALES TELSAT C.A., TELECABLE C.A, SERVICIOS DE LÍNEAS Y ESTACIONES DE CABLES SELECABLE C.A. y los ciudadanos MANUEL MACHADO DA SILVA, EGDDY LUZMARY ALVARADO, JUAN FRANCISCO ALVARADO PALACIOS, SERAFÍN VÁSQUEZ ÁLVAREZ, LICINIO DE JESÚS CAVACO, OLIMAR EDDOLLY RIVERO GÓMEZ y GEOR IGNACIO PARRA VÁSQUEZ., en la Corte de lo Contencioso-Administrativo a la que sea remitido el expediente, previa su distribución.