Sentencia N° 531 Político-Administrativa TSJ 2000: Luisa Elena Riani Armas vs Consejo de la Judicatura — Acción de amparo…

La ciudadana Luisa Elena Riani Armas interpuso un recurso contencioso administrativo de anulación y acción de amparo constitucional contra la destitución de su cargo como Juez Titular, impuesta por el Tribunal Disciplinario del Consejo de la Judicatura. La Sala Político-Administrativa del TSJ, tras revisar las actuaciones, declaró improcedente la acción de amparo, argumentando que la sanción no vulnera el derecho al trabajo ni la autonomía judicial de la demandante. La Sala consideró que la destitución no prohíbe el ejercicio de actividades laborales distintas a las que realizaba como Juez.

La presunta agraviada pretende que “...esta Sala expida un mandamiento cautelar (medida innominada, amparo constitucional o suspensión de efectos), en razón del cual sean suspendidos los efectos del acto (...) dictado por el Tribunal Disciplinario del Consejo de la Judicatura, en fecha 22 de enero de 1999, mediante el cual me destituyó del cargo de Juez Titular del Juzgado del Distrito Zaraza de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, y se me restituya en el ejercicio de dicho cargo, a fin de que se restablezca la situación jurídica infringida, hasta tanto sea decidido el Recurso de Nulidad interpuesto.” (Cursivas y subrayado de la Sala). En este sentido, señala también que la decisión impugnada ha lesionado sus derechos constitucionales al trabajo y a la autonomía e independencia de los jueces, a que se contraen las disposiciones contempladas en los artículos 84 y 205 de la Constitución de 1961. En atención al primero de los derechos denunciado como lesionado, es decir, el derecho al trabajo, observa la Sala que la sanción de destitución impuesta a la recurrente, si bien la separó del cargo que en ese momento ostentaba dentro del Poder Judicial, no debe entenderse que con ello se le ha prohibido el ejercicio de actividades laborales acordes con su profesión o su libre escogencia, distintas a las que venía realizando como Juez Titular del Juzgado del Distrito Zaraza, o similares, si optare por reingresar al Poder Judicial mediante concurso de oposición. Más aún, estima esta Sala que conforme al principio de legalidad que rige toda la actividad administrativa, no puede entenderse, en principio, que el Consejo de la Judicatura, cuyas funciones fueron asumidas por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, vulnere el derecho al trabajo cuando ejerce la potestad disciplinaria para la cual ha sido investido expresamente por la ley. Este pronunciamiento no prejuzga sobre la posibilidad de que, luego del debate procesal correspondiente en la tramitación del recurso de nulidad, se pruebe la presencia de vicios de ilegalidad que puedan hacer nulo el acto impugnado. Conforme a las razones expuestas, la Sala aprecia que no está acreditada en autos la lesión constitucional del derecho al trabajo, invocada en la presente causa. Así se declara.

En virtud de lo precedentemente expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la acción cautelar de amparo constitucional ejercida por la ciudadana Luisa Elena Riani Armas contra el acto sancionatorio dictado en su contra por el Tribunal Disciplinario del Consejo de la Judicatura en fecha 22 de enero de 1999. Publíquese, regístrese y comuníquese. Pásese el expediente al Juzgado de Sustanciación para siga su curso de Ley. Cúmplase lo ordenado.