La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario y el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Estado Bolívar, ambos declarándose incompetentes para conocer de una demanda por indemnización de daños materiales y morales. La Sala, tras analizar la situación, decidió declinar la competencia a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dada la falta de un tribunal superior común entre los involucrados en el conflicto.
Extracto de la motiva
Conforme al criterio jurisprudencial antes transcrito, y visto que los tribunales involucrados en el conflicto de competencia bajo examen, no poseen un Tribunal Superior común a ellos, esta Sala resulta incompetente para conocer y decidir el conflicto planteado y declina en la Sala Plena de este Máximo Tribunal. Así se declara.
Dispositiva
Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA en la SALA PLENA DE ESTE TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, la competencia para conocer el conflicto negativo de competencia surgido entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar y el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con ocasión de la demanda que por indemnización de daños materiales y morales incoaran los ciudadanos NANCY DEL VALLE MARINO NUÑEZ DE BLONDELL, MARIANELA DEL VALLE CORONADO FERMÍN de HERNÁNDEZ, MARÍA CAROLINA ROMERO HERNÁNDEZ de RODRÍGUEZ, ALICIA ANTONIA ARVELAY GONZÁLEZ de RODRÍGUEZ, ROSALBA ALCALÁ FARÍAS, FÉLIX RAFAEL BLONDELL, HILDA DEL CARMEN ROA, SERGIO RAMÓN HERNÁNDEZ, CRUZ MANUEL RODRÍGUEZ y SARA ROSA MOYEGAS, previamente identificados, contra EL ESTADO BOLÍVAR.
Palabras clave
conflicto de competenciaindemnizaciónEstado Bolívar