Sentencia N° 514 Político-Administrativa TSJ 2000: Julio Cesar Laya Gil, Gerardo Ramirez Ruiz… vs Ministerio de la Defensa

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, decide declinar su competencia en favor de la Sala Constitucional para conocer de la consulta de ley propuesta por varios ciudadanos en relación a una acción de amparo. Se argumenta que, a pesar de la falta de una ley orgánica que regule las funciones del Tribunal, es necesario continuar con la administración de justicia y atender los casos que provienen de la extinta Corte Suprema de Justicia. La decisión se fundamenta en la jurisprudencia establecida por la Sala Constitucional en casos anteriores.

Correspondería a esta Sala pronunciarse del recurso interpuesto, sin embargo, vistas las actuaciones y cambios producidos en el sistema jurídico positivo venezolano, con motivo de la entrada de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por referéndum de fecha 15 de diciembre 1999 y publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860 del 30 de diciembre de 1999, se observa lo siguiente: El artículo 262 de la referida Carta Magna dispone que el Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Plena y en Sala Constitucional, Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas competencias son las determinadas en esta Constitución y en la Ley Orgánica respectiva, por tanto, se estima que, mientras se promulga la aludida ley, las distintas Salas de este Tribunal Supremo deben conocer de las causas que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellas que ingresen a este órgano jurisdiccional, atendiendo al criterio de la afinidad que exista con el asunto debatido en cada uno de los casos en concreto y la especialidad de cada una de las Salas. Así mismo, la vigente Constitución otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional tanto del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de Ley, DECLINA en la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, la competencia para conocer de la Consulta de Ley propuesta por los ciudadanos JULIO CESAR LAYA GIL, en su carácter de Presidente de la sociedad Mercantil “KHIMAE INTERNACIONAL, C.A.”; GERARDO RAMIREZ RUIZ, en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil “ARMAS GUAYANA, C.A.”; GORKA IBAÑEZ PEREZ y MICHEL IBAÑEZ PEREZ, actuando en carácter de Directores de la sociedad mercantil “IMPORTACIONES GUN SHOP, CO, C.A.”; ANTONIO ARIOLA VASALLO, en su carácter de Vicepresidente de la firma mercantil “DEPORTES LUIGI, C.A.”; JUAN CARLOS GONZALEZ VALDEZ, en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil “INVERSIONES IASETECA, C.A.”; GEOVANNI BARBETTA GARCIA, en su carácter de Director de la empresa “REPRESENTACIONES COBARCA, C.A.”; IONIT FEFER DE DRORI, en su carácter de Director de la empresa “DISTRIBUIDORA ARMAS COMBATE, C.A.”, asistidos por los abogados OTTO R. SANCHEZ e ITALO TORRES, contra el MINISTERIO DE LA DEFENSA.