Sentencia N° 510 Político-Administrativa TSJ 2001: Roger Elías Hurtado R. — Amparo constitucional

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación de la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, que declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional presentada por Roger Elías Hurtado. La Sala consideró inadmisible la solicitud de amparo, ya que se había solicitado de manera simultánea con otras medidas cautelares ordinarias, lo que contraviene la naturaleza extraordinaria del amparo constitucional.

Examinados como han sido cada uno de los alegatos contenidos en el escrito recursivo, como los fundamentos de la sentencia apelada, la Sala observa: De la lectura del expediente se aprecia que la parte accionante en el procedimiento, solicitó protección cautelar de amparo constitucional contra el acto administrativo recurrido; adicional a ello, solicitó la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, requiriendo además, la declaratoria con lugar de una medida cautelar innominada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, se estima que la circunstancia de solicitar el amparo cautelar de manera simultánea con la suspensión de efectos, contemplada en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y además, aunado a una medida cautelar innominada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, hace inadmisible la solicitud relativa al amparo constitucional, en virtud de haberse hecho uso de las vías judiciales ordinarias, en forma conjunta y de manera principal con dicha solicitud. En ese orden de ideas, considera esta Sala inadmisible la medida cautelar de amparo ejercida, y no improcedente como fuera señalado por la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, pues tratándose de un supuesto contemplado dentro de las causales de inadmisibilidad establecidas expresamente en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, mal podría señalarse que tal situación alude a un motivo de improcedencia, pues para ello se requiere de un análisis exhaustivo sobre el fondo de la solicitud cautelar, lo cual en el presente caso no ha sido verificado. En razón de ello y demostrado que el accionante solicitó de forma simultánea la procedencia del amparo con las otras medidas cautelares ordinarias y no fue planteado subsidiariamente, como ha debido requerirse por tratarse el amparo de una medida referida a derechos de índole constitucional, los cuales harían de éste último un mandamiento de procedencia inmediata visto su carácter extraordinario; encuentra esta Sala inadmisible la acción de amparo ejercida, en atención a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: 1.- SIN LUGAR la apelación de la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo con ocasión de la solicitud de amparo constitucional ejercida conjuntamente con recurso contencioso-administrativo por el ciudadano ROGER ELÍAS HURTADO R., contra el acto administrativo de fecha 02 de abril de 1998, emanado de la JUEZ PRIMERO (suplente) de PRIMERA INSTANCIA del TRÁNSITO y del TRABAJO del SEGUNDO CIRCUITO de la CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL del ESTADO BOLÍVAR. 2.- INADMISIBLE la solicitud cautelar de amparo constitucional de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 6º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En consecuencia, se REVOCA la sentencia dictada en fecha 08 de marzo de 1999 por la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente junto con oficio a la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo. Cúmplase lo ordenado.