Sentencia N° 509 Político-Administrativa TSJ 2000: MARIA MARGARITA CANELON GARCIA, RAMON ANTONIO… vs Ministerio de Salud y…

TSJ/SPA, Sent. N° 509, Exp. 16617, 16/03/2000 · 16 de marzo de 2000
Expediente16617
Parte actora / solicitanteMARIA MARGARITA CANELON GARCIA, RAMON ANTONIO LLAMOZAS, YOLANDA RODRÍGUEZ, MIRIAN CELIS DE CABRICES, MIRIAN URDANETA AGOSTINI, OMAIRA NEGRIN, PEDRO RON PARICA, ELIS GONZALEZ, CARLOS GALEANO, FRANKLIN BOTTINI, CARMEN AURORA CONTRERAS, LUIS MACHILLANDA, MARY LUZ GUEVARA, ANA TERESA REBOLLEDO, JESÚS CEDEÑO, IRIS ROA, CARMEN LEDESMA, MIRNA ISAAC, BETTY MARTINEZ, ARMANDO DI MARE, ALBERTO PORTILLO ADAMES, ROMULO PARRA VILORIA, LISBETH OVIEDO, MARA AMADA FLORES, FREDDY SÁNCHEZ, GLADIS MARGARITA SULBARAN PALOMARES, MARIA AVILA, NIVIA ROMERO MARQUEZ, YELITZA MARTINEZ, MERCEDES ENRIQUETA CORREDOR GUANCHEZ, JUAN JOSE PEREZ, CORINA HERRERA, WILLIAN BONILLA, ZORAIDA ZAFIR, ORFELINA LABRADOR, JOSE ALFREDO ROZO y WILLIAM GODOY GODOY
Parte demandada / contraparteMINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
PonenteJOSÉ RAFAEL TINOCO
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo Constitucional
Fecha de la decisión2000-03-16
DecisiónDeclina

Resumen

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decide declinar su competencia en favor de la Sala Constitucional para conocer de la acción de amparo interpuesta por un grupo de ciudadanos contra el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. La decisión se fundamenta en la entrada en vigencia de la nueva Constitución y la necesidad de mantener el funcionamiento del Estado, así como en la jurisprudencia establecida por la Sala Constitucional en relación a la competencia en materia de amparo. Se resalta que, aunque no se ha promulgado la ley orgánica que regule las funciones del Tribunal, este debe continuar conociendo los casos que cursaban ante la extinta Corte Suprema de Justicia.

Extracto de la motiva

Correspondería a esta Sala pronunciarse acerca del recurso interpuesto, sin embargo, vistas las actuaciones y cambios producidos en el sistema jurídico positivo venezolano, con motivo de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por referéndum de fecha 15 de diciembre de 1999 y publicada en Gaceta Oficial N° 36.860 del 30 de diciembre de 1999, se observa lo siguiente: El artículo 262 de la referida Carta Magna dispone que el Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Plena y en Sala Constitucional, Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas competencias son las determinadas en esta Constitución y en la Ley Orgánica respectiva, por tanto, se estima que, mientras se promulga la aludida ley, las distintas Salas de este Tribunal Supremo deben conocer de la causas que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como de aquellas que ingresen a este órgano jurisdiccional, atendiendo al criterio de la afinidad que exista con el asunto debatido en cada uno de los casos en concreto y la especialidad de cada una de las Salas. Asimismo, la vigente Constitución otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. Ahora bien, a los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar en su labor como máximo administrador de justicia. Por tanto, aún cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este alto Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas.

Dispositiva

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA en la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, la competencia para conocer de la acción de amparo interpuesta por los ciudadanos MARIA MARGARITA CANELON GARCIA, RAMON ANTONIO LLAMOZAS, YOLANDA RODRÍGUEZ, MIRIAN CELIS DE CABRICES, MIRIAN URDANETA AGOSTINI, OMAIRA NEGRIN, PEDRO RON PARICA, ELIS GONZALEZ, CARLOS GALEANO, FRANKLIN BOTTINI, CARMEN AURORA CONTRERAS, LUIS MACHILLANDA, MARY LUZ GUEVARA, ANA TERESA REBOLLEDO, JESÚS CEDEÑO, IRIS ROA, CARMEN LEDESMA, MIRNA ISAAC, BETTY MARTINEZ, ARMANDO DI MARE, ALBERTO PORTILLO ADAMES, ROMULO PARRA VILORIA, LISBETH OVIEDO, MARA AMADA FLORES, FREDDY SÁNCHEZ, GLADIS MARGARITA SULBARAN PALOMARES, MARIA AVILA, NIVIA ROMERO MARQUEZ, YELITZA MARTINEZ, MERCEDES ENRIQUETA CORREDOR GUANCHEZ, JUAN JOSE PEREZ, CORINA HERRERA, WILLIAN BONILLA, ZORAIDA ZAFIR, ORFELINA LABRADOR, JOSE ALFREDO ROZO y WILLIAM GODOY GODOY; asistidos por los abogados TEODORA AMALIA SILVA DE MARIÑEZ, MARIA ESMERALDA SIMANCA ZAMBRANO y HECTOR DE LA CRUZ LABASTIDAS BRICEÑO, contra la República de Venezuela (MINISTERIO DE SALUD y DESARROLLO SOCIAL). Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

Palabras clave

amparo constitucionalcompetenciasala constitucionalsala politico-administrativaconstitucionjurisprudenciaderechosgarantias

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