Sentencia N° 504 Político-Administrativa TSJ 2000: Macpri Reproducciones, C.A. vs Centro Simón Bolívar — Competencia en caso de…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una demanda por daños y perjuicios presentada por MACPRI REPRODUCCIONES, C.A. contra CENTRO SIMÓN BOLÍVAR. Se determinó que la Sala era competente debido a que el Estado venezolano es propietario de la totalidad de las acciones de la empresa demandada y la cuantía de la demanda excedía el mínimo establecido por la ley. La Sala revocó actuaciones posteriores a la sentencia de primera instancia y declaró la validez del procedimiento seguido hasta la etapa de informes.

El numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece que este Supremo Tribunal es competente para: '...Conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad'. De la norma transcrita, en concordancia con el artículo 43 ejusdem, se concluye que para que esta Sala Político Administrativa pueda conocer de las acciones que se interpongan contra alguna empresa del Estado, es necesario que se den los supuestos siguientes: 1.- Que en dicha empresa el Estado venezolano sea propietaria de la totalidad de las acciones; 2.- Que la cuantía exceda de cinco millones de bolívares; y 3.- Que su conocimiento no esté atribuido a ninguna otra autoridad. En el caso de autos, se observa: La parte demandada, Centro Simón Bolívar, C.A., según se constata de sus Estatutos Constitutivos y del criterio reiterado en decisiones de este Supremo Tribunal, es una empresa en la que el Estado venezolano es propietaria de la totalidad de las acciones que representa su capital social; Los daños y perjuicios demandados se estimaron por la cantidad de CATORCE MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON NOVENTA Y UN CENTIMOS, ( Bs.14. 033.721,91), por lo que excede del mínimo exigido; y c) La competencia no ha sido atribuida a ninguna otra autoridad. En consecuencia, en el asunto bajo análisis se dan los extremos de los supuestos previstos en el numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, por tanto, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es la competente para conocer del presente caso. Así se declara.

PRIMERO: Acepta la Competencia que le fuera declinada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, con motivo de la solicitud requerida por el Centro Simón Bolívar en fecha 18 de marzo de 1.999; SEGUNDO: Designa Ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión, a los fines de resolver sobre el fondo de la demanda; TERCERO: Fija un término de veinte (20) días de Despacho para la relación de la causa; y CUARTO: La notificación de las partes. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse, con oficio, copias certificadas de la presente decisión a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, al Colegio de Abogados del Distrito Federal y a los Juzgados Quinto de Primera Instancia y Superior Quinto, ambos en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Cúmplase lo ordenado.