Sentencia N° 501 Político-Administrativa TSJ 2001: Geanni José Cordone Palandrani vs Oficina Subalterna DEL Registro DEL Primer…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de jurisdicción alegada en una acción de amparo constitucional. El tribunal de origen había declarado que sí tenía jurisdicción para conocer del asunto, lo que llevó a la Sala a concluir que no existía materia sobre la cual decidir. Además, se impuso una multa al tercero interviniente por haber opuesto una falta de jurisdicción infundada y se ordenó remitir copia del fallo al Tribunal disciplinario del Colegio de Abogados para evaluar la conducta del abogado involucrado.

Para decidir se observa: De acuerdo a lo narrado en el capítulo primero de este fallo, opuesta la falta de jurisdicción por el apoderado judicial de la compañía PERFUMERÍA TAURO, C.A., el Tribunal a quo declaró que si tiene jurisdicción para seguir conociendo de la acción de amparo constitucional interpuesta, ordenando la consulta a esta Sala. Una vez recibidos los autos, la promovente de la falta de jurisdicción, desiste de su solicitud. Ahora bien, debe aclararse que decidida como fue por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito la falta de jurisdicción del juez opuesta, -toda vez que el a quo declaró que sí tiene jurisdicción para seguir conociendo del asunto-, mal puede desistirse de un petitum que ya fue resuelto. Así se declara. Corresponde entonces a la Sala conocer de la consulta ordenada y al respecto se observa: Reiterada y consecuentemente ha sostenido este Supremo Tribunal, al realizar un análisis de los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, que la consulta obligatoria a la Sala Político- Administrativa sólo procede en los casos de falta de jurisdicción y que en presencia de esta figura procesal debe remitirse el expediente original de la causa a esta Sala. Es evidente que tanto el tercero interesado confundió los términos de “jurisdicción” y de “competencia.” así como las figuras procesales de regulación de jurisdicción con el de regulación de competencia. Esta última atañe al Juzgado Superior en sentido jerárquico de la correspondiente circunscripción. El Tribunal Supremo de Justicia conoce excepcionalmente de esta figura sólo cuando le incumbe directamente porque se está discutiendo la competencia de la Sala misma o de la competencia material y territorial inderogable, siempre que, a los efectos de tal regulación no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces involucrados en la determinación; es decir, el que dictaminó su incompetencia y el disidente de tal determinación, todo de acuerdo a lo previsto en el artículo 71 del mencionado Código. Es oportuno, recalcar en este contexto y con el fin de aclarar los conceptos jurídicos en referencia que hasta el siglo XIX los conceptos de jurisdicción y competencia aparecían como sinónimos. Indistintamente se aludía a la falta de jurisdicción como falta de competencia en sentido material; o en sentido territorial, o aún para referirse a la función. Pleonásticamente se llegó a hablar de incompetencia de jurisdicción. En el siglo XX, se superó este equívoco y la competencia fue considerada como una medida de jurisdicción, es decir, la fracción de la jurisdicción atribuida a un juez. En efecto, la jurisdicción es la función pública realizada por los órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada. La jurisdicción es el todo; la competencia es la parte: un fragmento de la jurisdicción. La competencia es la potestad de jurisdicción para una parte del sector jurídico: aquel específicamente asignado al conocimiento de determinado órgano jurisdiccional. Se trata en definitiva de dos figuras procesales distintas. En el caso sub júdice, como se evidencia del estudio de los autos, no existe la falta de jurisdicción, estamos frente a un problema de competencia, esto es la medida de la jurisdicción que ejerce en concreto el juez en razón de la materia, la cuantía y el territorio, toda vez que se alegó que no correspondía el conocimiento del asunto a la “jurisdicción civil” sino a la “jurisdicción contencioso administrativa”. Por lo tanto existe incompetencia cuando se discute sobre los límites de los poderes de los jueces venezolanos entre sí, como en el caso de autos. El artículo 67 del Código de Procedimiento Civil prevé que en el caso que el juez mediante una sentencia interlocutoria declare su propia competencia, la decisión sólo será impugnada mediante la regulación de competencia, que funciona como medio para resolver los problemas de competencia y como sustituto de la apelación ordinaria. En consecuencia, al no referirse el caso bajo análisis a la falta de jurisdicción, esta Sala no tiene materia sobre la cual decidir, y así se decide.

En virtud de lo expuesto, esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR y resulta por lo tanto impretermitible ordenar la devolución del expediente al Tribunal de origen. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de procedimiento Civil, se impone multa al tercero interviniente, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo) en razón de haber opuesto la falta de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso, existen fundados indicios de que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer la falta de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, consultas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado Simón Araque, Inpreabogado Nº 5.303, debiendo informar a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.