Sentencia N° 500 Político-Administrativa TSJ 2000: Omar Augusto Márquez Fernández vs Contraloría General del Estado Mérida

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción solicitada por Omar Augusto Márquez Fernández contra la Contraloría General del Estado Mérida. Se determinó que el Tribunal de Alzada había actuado improcedentemente al remitir el expediente a esta Sala, ya que debía decidir sobre la regulación de competencia y no actuar como intermediario. Por lo tanto, se declaró que no hay materia sobre la cual decidir, y se ordenó remitir el expediente al Juzgado Superior correspondiente para que se pronuncie sobre la cuestión de competencia planteada.

En el caso de autos, se aprecia claramente el error conceptual en que incurrió el actor, al solicitar regulación de la jurisdicción, cuando en realidad se desprende del contenido de su propio escrito, que se refiere a una regulación de competencia por la materia, más sin embargo, el Tribunal a quo, acertadamente así lo apreció, y envió copia de las actuaciones al Tribunal de Alzada, siendo éste quien erradamente, en vez de decidir la regulación de competencia, conforme a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, remitió el expediente a este Juzgador a los fines de decidir una supuesta “Regulación de Jurisdicción”. Caso distinto, si el tribunal de alzada se hubiera declarado también incompetente, y por no existir un superior común, sí hubiese resultado procedente la remisión del expediente a este Supremo Tribunal. De acuerdo a lo anterior, el Tribunal de alzada ha debido conocer y decidir la regulación de la competencia, es decir, no servir como simple intermediario entre el Tribunal de Primera Instancia y este Supremo Tribunal. Por consiguiente, la remisión del presente expediente, por parte del Juzgado Superior a esta Sala, es abiertamente improcedente. Así se declara. Por lo anteriormente expuesto, no puede este Supremo Tribunal pronunciarse al respecto, por cuanto carece de competencia para pronunciarse sobre la controversia planteada, por lo cual, no encuentra esta Sala materia sobre la cual decidir. En consecuencia, es el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores, y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida quien debe pronunciarse sobre la regulación de competencia planteada. Así se decide.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que NO HAY MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR para conocer y decidir la cuestión planteada, en virtud de no ser competente para pronunciarse sobre la misma. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores, y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a los fines de que se pronuncie sobre la cuestión de competencia planteada. Cúmplase lo ordenado.