Sentencia N° 50 Político-Administrativa TSJ 2001: WILLIAM MANUEL PÉREZ y GISELA MAGDALENA… vs José DEL Valle Pineda…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, al analizar el caso, determinó que no había materia sobre la cual decidir, por lo que ordenó la devolución del expediente al tribunal inferior. Se destacó la confusión entre jurisdicción y competencia por parte del juez ad quem, lo que llevó a errores en el procedimiento. La decisión se fundamentó en la necesidad de que toda sentencia debe acoger la pretensión planteada en la demanda y ser clara en su pronunciamiento.

Es evidente que el juez ad quem confundió las figuras procesales de regulación de jurisdicción con la de regulación de competencia. Esta última atañe al Juzgado Superior en sentido jerárquico de la correspondiente circunscripción. El Tribunal Supremo de Justicia conoce excepcionalmente de esta figura sólo cuando le incumbe directamente porque se está discutiendo la competencia de la Sala misma o de la competencia material y territorial inderogable, siempre que, a los efectos de tal regulación no hubiere un Tribunal Superior Común a ambos jueces involucrados en la determinación; es decir, el que dictaminó su incompetencia y el disidente de tal determinación, todo de acuerdo a lo previsto en el artículo 71 del mencionado Código. Es oportuno, recalcar en este contexto y con el fin de aclarar los conceptos jurídicos en referencia que hasta el siglo XIX los conceptos de jurisdicción y competencia aparecían como sinónimos. Indistintamente se aludía a la falta de jurisdicción como falta de competencia en sentido material; o en sentido territorial, o aún para referirse a la función. Pleonásticamente se llegó a hablar de incompetencia de jurisdicción. En el siglo XX, se superó este equívoco y la competencia fue considerada como una medida de jurisdicción, es decir, la fracción de la jurisdicción atribuida a un juez. En efecto, la jurisdicción es la función pública realizada por los órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada. La jurisdicción es el todo; la competencia es la parte: un fragmento de la jurisdicción. La competencia es la potestad de jurisdicción para una parte del sector jurídico: aquel específicamente asignado al conocimiento de determinado órgano jurisdiccional. Se trata en definitiva de dos figuras procesales distintas.

En virtud de lo expuesto, esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR y resulta por lo tanto impretermitible ordenar la devolución del expediente al Tribunal ad quem. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.