Sentencia N° 497 Político-Administrativa TSJ 2000: Mildred Josefina Prosperi vs Ministro de Justicia — La improcedencia de la…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de suspensión de efectos de un acto administrativo, en este caso, la Resolución Nº 1201 del 30 de noviembre de 1998, que declaró sin lugar un recurso de apelación. La Sala determinó que no se cumplían los requisitos necesarios para la procedencia de la medida cautelar solicitada, específicamente la ausencia de fumus boni iuris y periculum in mora, lo que llevó a declarar improcedente la solicitud de suspensión.

Establece el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la posibilidad de suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares de manera provisional, cuando dicha suspensión haya sido solicitada y siempre que la misma sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva. Conforme a lo anterior, esta Sala observa que, en el caso de autos, el apoderado judicial de la ciudadana Mildred Josefina Prosperi solicitó de forma subsidiaria, la suspensión de los efectos del acto contenido en la Resolución Nº 1201 del 30 de noviembre de 1998, emanada del Ministro de Justicia, que declaró sin lugar la apelación interpuesta contra la decisión de la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Autónomo Girardot del Estado Aragua, de no protocolizar una sentencia, con lo cual se cumple el primer presupuesto del artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a que la suspensión de efectos del acto debe ser concedida a instancia de parte. Asimismo, esta Sala observa que para la procedencia de la suspensión de efectos del acto administrativo, así como para las demás medidas cautelares en el contencioso administrativo, es necesario el cumplimiento de una serie de requisitos tradicionales, como son, en primer lugar, el periculum in mora, que está referido a la existencia de un riesgo manifiesto de que la ejecución del fallo quede ilusoria; en segundo lugar, el fumus boni iuris, que se refiere a la apariencia o presunción del buen derecho que reclama en el fondo del proceso el solicitante de la medida cautelar; y, por último, la ponderación de intereses que debe hacerse respecto de los efectos que va a producir la procedencia de la medida cautelar en el interés colectivo o de terceros.

En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la suspensión de efectos del acto contenido en la Resolución Nº 1201 del 30 de noviembre de 1998, emanada del ciudadano Ministro de Justicia, solicitada por la ciudadana MILDRED JOSEFINA PROSPERI, de conformidad con el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de Sustanciación para que continúe el procedimiento de Ley. Cúmplase lo ordenado.