El ciudadano Gerardo William Méndez Guerrero interpuso un recurso de nulidad y amparo cautelar contra una resolución del Contralor General que lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por dos años. La Sala Político-Administrativa del TSJ admitió el recurso de nulidad, pero declaró improcedente la medida cautelar solicitada. La Sala argumentó que el acto administrativo impugnado se ajustó a la legalidad y no vulneró los derechos del recurrente a la defensa y al debido proceso.
Extracto de la motiva
El hecho de que el acto administrativo impugnado le haya impuesto al recurrente la sanción de inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas por un período de dos (2) años, no es más que el efecto de aplicar una previsión legal vigente en nuestro ordenamiento jurídico, que necesariamente debe ser acatada por el órgano contralor, en virtud de la gravedad de la irregularidad cometida, la cual ocasionó la declaratoria de la responsabilidad administrativa, razón por la que resulta infundado el presente alegato. Así se declara.
Dispositiva
1. Se declara COMPETENTE para conocer y decidir el recurso contencioso-administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y solicitud subsidiaria de medida innominada, por el ciudadano GERARDO WILLIAM MÉNDEZ GUERRERO, contra la Resolución N° 01-00-000299, dictada en fecha 13 de noviembre de 2007 por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2. ADMITE el referido recurso de nulidad, a los solos efectos de su trámite y verificación por parte del Juzgado de Sustanciación de la Sala de lo atinente a la caducidad de la acción. 3.- Declara IMPROCEDENTE la medida cautelar de amparo constitucional ejercida conjuntamente con el recurso de nulidad a que se refieren las presentes actuaciones.