La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción para conocer la solicitud de calificación de despido interpuesta por Juan Carlos Arzola Monsalve contra la sociedad mercantil Interamericana de Cables de Venezuela, S.A. La decisión se basa en la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública, declarada por el Juzgado remitente, que consideró que correspondía a la Inspectoría del Trabajo conocer el caso. Sin embargo, la Sala concluyó que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción, dado que el demandante no se encontraba amparado por la inamovilidad laboral especial prevista en el Decreto Presidencial N° 639.
Extracto de la motiva
Con fundamento en lo establecido en el artículo 23 numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el artículo 26 numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y, en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, conocer las consultas de jurisdicción. Se observa de la revisión de las actas procesales (folios 38 al 42 del expediente), la decisión de fecha 27 de febrero de 2015, mediante la cual, el Juzgado remitente declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública por Órgano de la Inspectoría del Trabajo, para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por el trabajador por encontrarse presuntamente amparado por el Decreto de inamovilidad laboral N° 639 del 3 de diciembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.310 de fecha 6 de diciembre de 2013. Cabe precisar que en el mencionado Decreto Presidencial, vigente para el momento del despido (20 de octubre de 2014), el Ejecutivo Nacional estableció la inamovilidad laboral especial a favor de las trabajadoras y los trabajadores del sector público y del sector privado protegidos (as) por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Dispositiva
Con fundamento en los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: el PODER JUDICIAL TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano JUAN CARLOS ARZOLA MONSALVE contra la sociedad mercantil INTERAMERICANA DE CABLES DE VENEZUELA, S.A. (CABEL). En consecuencia, se REVOCA, la sentencia consultada del 27 de febrero de 2015, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
Palabras clave
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