Sentencia N° 486 Político-Administrativa TSJ 2000: JOSE ALVAREZ STELLING, CARLOS ERNESTO… vs BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A. y el…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia del 21 de diciembre de 1999, declaró sin lugar la demanda de nulidad del contrato de cesión de derechos litigiosos entre las demandadas. Los demandantes solicitaron la revocatoria de la constancia emitida por la Secretaría de la Sala, alegando irregularidades en la decisión. La Sala, tras analizar los argumentos, concluyó que la sentencia fue válida y cumplió con los requisitos legales, desestimando la solicitud de revocatoria y confirmando la existencia de la sentencia original.

La revocatoria por contrario imperio es la solicitud mediante la parte le pide al juez la revocación de una providencia de mera sustanciación o de mero trámite. Igualmente, tal revocatoria puede acordarla, de considerarlo procedente, el Juez de manera oficiosa. De la noción de lo que debe entenderse por 'revocatoria por contrario imperio', se desprende una primera conclusión, que distingue entre la clasificación de los actos procesales, a los actos dictados propiamente por un juez, denominados también tanto en el lenguaje de la ley como en la práctica jurídica como 'autos' o 'sentencias interlocutorias', siendo que ellos (los autos), son propiamente actos de sustanciación del proceso y no decisiones o resoluciones, caracterizados por no contener decisión de algún punto, ni de procedimiento ni de fondo, en ejecución de facultades otorgadas por la ley al juez para la dirección y sustanciación del proceso. Consecuentemente, esta Sala observa que la constancia emitida por la Secretaria en la parte final del dispositivo de la sentencia mediante la cual se expresó que '...se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° 18, sin el voto salvado anunciado (de la Ex-Magistrada Hildegard Rondón de Sansó)', no puede entenderse ni como un acto procesal de sustanciación, ni mucho menos, como un acto del juez decisor, lo que hace improcedente la pretensión de los solicitantes, de revocar 'por contrario imperio', la mencionada constancia suscrita por dicha funcionaria, en adición al hecho que en los términos del artículo 310 de la ley procesal ordinaria, tales revocatorias procederán, de ser el caso, y siempre que se trate de una decisión interlocutoria judicial, mientras no se haya dictado sentencia definitiva.

En virtud de los fundamentos antes señalados, es razón por la cual esta Sala desecha los argumentos expresados por los impugnantes, tendientes a la 'revocatoria por contrario imperio' de la constancia emitida por la Secretaria de esta Sala en fecha 20 de enero del año 2000, en la parte final de la sentencia de fecha 21 de diciembre de 1999. Así se declara.