Sentencia N° 481 Político-Administrativa TSJ 2001: Asociación Cooperativa de Consumo Auyantepuy… vs Banco Central de Venezuela

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer un recurso por abstención interpuesto por la Asociación Cooperativa de Consumo Auyantepuy contra el Banco Central de Venezuela. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había declinado su competencia, argumentando que el Banco Central es un funcionario nacional. Sin embargo, la Sala determinó que la competencia corresponde a la Corte Primera, dado que el Banco Central no tiene el carácter de alto rango dentro del Poder Ejecutivo Nacional.

Para decidir, esta Sala observa: En sentencia de esta Sala N° 295 de fecha 02 de mayo de 1995, se dejó sentado el criterio de distribución de competencias en materia de Recursos por Abstención o Carencia, en los siguientes términos: “Como se desprende de la narrativa anterior, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo asume el criterio, plausible prima facie desde el punto de vista hermenéutico, de que el autor de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia no incluyó a ese Tribunal en el reparto de competencias para conocer y decidir, en primera instancia de la abstención o negativa de funcionarios a cumplir determinados actos a que estén obligados por las leyes. El fundamento de tal aserto viene dado en función de lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 182 y numeral 23 del artículo 42 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Alto Tribunal, que atribuye a los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso administrativo el conocimiento de la abstención o negativa proveniente de funcionarios estadales o municipales y a esta Sala Político-Administrativa cuando la inactividad tenga su origen en un órgano de jerarquía nacional, con lo cual dichos Tribunales absorben la totalidad de las acciones que se interpongan en esta materia. Visto de tal modo, pareciera inobjetable este razonamiento, más aún cuando se constata que efectivamente no existe una disposición que expresamente confiera al tribunal declinante competencia para conocer de casos distintos a los supuestos normativos señalados. No obstante lo anterior, la Sala, luego de examinar la situación en sus aspectos jurídico, lógico y valorativo, difiere del criterio anteriormente expuesto por las siguientes razones: El recurso contencioso administrativo de anulación, medio de impugnación por antonomasia dentro del régimen jurídico de control de los actos de los poderes públicos (artículo 206 de la Constitución) es conocido, tramitado y decidido, básicamente, con arreglo a las previsiones de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, por los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y la Corte Suprema de Justicia, con la particularidad de que en el segundo de los casos quedó establecida una competencia de carácter residual que comprende todas aquellas autoridades que no son estadales o municipales, ni las previstas en el ordinal 9º y numerales 10, 11 y 12 del artículo 42 de dicha Ley Orgánica.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada en el presente caso por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por cuanto la misma le corresponde a ésta, de conformidad con lo establecido en el ordinal 3º del artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, a cuya sede se ORDENA remitir el presente expediente, a los fines legales conducentes. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.