Sentencia N° 479 Político-Administrativa TSJ 2000: Tropi Protección Compañía Anónima vs C.V.G. Bauxilum C.A.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una demanda por cobro de bolívares interpuesta por la sociedad mercantil 'TROPI PROTECCIÓN COMPAÑÍA ANÓNIMA' contra 'C.V.G. BAUXILUM C.A.'. El Juzgado de la causa había declinado su competencia, argumentando que la Sala Político-Administrativa era la competente para conocer de la demanda, dado que se trataba de una acción contra una empresa en la que el Estado tiene participación decisiva y la cuantía de la demanda excedía los cinco millones de bolívares. La Sala constató que se cumplían los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, confirmando que la demanda había sido estimada en trescientos millones de bolívares, superando el límite mínimo requerido. Así, se aceptó la competencia para conocer y decidir la causa, ordenando remitir los autos al Juzgado de Sustanciación para que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda. Finalmente, se ordenó la publicación, registro y comunicación de la decisión, cumpliendo con lo establecido en la ley.

Efectivamente, el artículo 42, numeral 15 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, textualmente establece que es competencia de esta Sala Político-Administrativa: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a ninguna otra autoridad”. Como puede observarse, la norma arriba transcrita establece un régimen especial de competencia a favor del Tribunal Supremo de Justicia, en todas aquellas acciones intentadas, que cumplan con las tres condiciones contempladas en la misma a saber: 1) Que se demande a la República, a algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva; 2) Que la acción incoada tenga una cuantía superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo); y 3) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, entendiendo con ello, que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la jurisdicción civil y mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la Laboral, del Tránsito o Agraria. Debe la Sala entonces, a los fines de establecer la competencia, analizar si la acción incoada cumple o no con las condiciones antes enumeradas, y en tal sentido observa: En primer término, la demanda ha sido intentada contra una empresa en la que el Estado tiene una participación decisiva, tal como se desprende de la última reforma de los Estatutos Sociales de la C.V.G. BAUXILUM C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, en fecha 19 de agosto de 1999, anotada bajo el Nº 11, Tomo A-Nº 51 del Libro respectivo, la cual está anexa en copia certificada marcada con la letra “C” en el presente expediente y de cuyo texto se desprende lo siguiente: “NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN ARTICULO 2 - OBJETO ...omissis...Sometido a consideración el Séptimo Punto del orden del Día, referido a Modificación de la composición accionaria de la Compañía, artículos 4 y 5 de los Estatutos Sociales, el Presidente de la Empresa, Ingº Alfredo Rivas Lairet, expuso a los señores accionistas la necesidad de actualizar la composición accionaria de la empresa, visto que en fecha 23 de junio de 1997, se constituyó la Corporación Aluminios de Venezuela S.A., por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, bajo el Nº 55, Tomo A, Nº 23, por expresa autorización el Ejecutivo Nacional según Decreto Nº 1.788 de fecha 9 de abril de 1997, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.189 de fecha 21 de abril de 1997, con la finalidad de agilizar el proceso de privatización de las empresas que conforman el Sector Aluminio y a tales fines fueron aportadas las acciones suscritas por la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G) y por Ferrominera Orinoco C.A. en CVG Bauxilum C.A., a la Corporación Aluminios de Venezuela, S.A., como aporte de capital. Los señores accionistas, vista la transferencia de las acciones, acordaron modificar la composición accionaria de la compañía, incorporando a la Corporación Aluminios de Venezuela S.A. como titular de la totalidad de las acciones suscritas originalmente por la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G) y CVG Ferrominera Orinoco C.A., manteniéndose iguales todos sus derechos y prerrogativas, quedando redactados los artículos 4 y 5 de los Estatutos Sociales, en los términos siguientes: ARTICULO 4 - CAPITAL El capital social de la compañía es de catorce mil cuatrocientos setenta y nueve millones trescientos cuarenta mil bolívares (Bs. 14.479.340.000), con un número de acciones de 14.447.934 nominativas no convertibles al portador, con un valor nominal de diez mil bolívares (Bs. 10.000) cada una; distribuidas de la siguiente forma: Corporación Aluminios de Venezuela, S.A., 1.249.804 acciones clase ‘A’ y 297.873 acciones clase “C”, Alusuisse-Lonza Holding Ltd, 10.490 acciones clase ‘B’ y 2.480 acciones clase ‘C’. Las acciones ‘A’, ‘B’ y ‘C’ confieren a sus titulares iguales derechos y obligaciones, salvo las excepciones previstas en estos estatutos...omissis...” (negrillas de la Sala). Así, revisada como ha sido la composición accionaria de la empresa demandada, la Sala constata que efectivamente la titularidad de la mayoría de las acciones corresponden al Estado, por lo cual, resulta indudable su participación decisiva y, por tanto, queda verificado el cumplimiento del primero de los requisitos exigidos por el artículo 42, numeral 15 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer de la presente causa, de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, y en consecuencia, ordena remitir los autos al Juzgado de Sustanciación, a fin de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda, previo el examen de todos los requisitos de Ley, con excepción de la competencia ya decidido en este fallo. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.