Sentencia N° 470 Político-Administrativa TSJ 2000: Cbi Venezolana, S.A. vs Ministro de Hacienda — La improcedencia de la…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de suspensión de los efectos de la Resolución Nro. 3570 del Ministro de Hacienda, que declaró sin lugar un recurso jerárquico interpuesto por la empresa CBI VENEZOLANA, S.A. La Sala determinó que no existían indicios suficientes que permitieran inferir la presunción grave del derecho que reclamaba la recurrente, lo que llevó a declarar improcedente la medida cautelar solicitada. Se ordenó la devolución del expediente al Juzgado de Sustanciación para continuar con el proceso legal correspondiente.

Es criterio reiterado de este Alto Tribunal, que la suspensión de efectos de los actos administrativos a que se refiere el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, constituye una medida preventiva establecida por nuestro ordenamiento jurídico, mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto porque ello podría constituir un atentado a la garantía del derecho fundamental al acceso a la justicia y al debido proceso. En este sentido, debe el juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente. Así, la norma prevista en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia dispone: “A instancia de parte, la Corte podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la Ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Al tomar su decisión la Corte podrá exigir que el solicitante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio. La falta de impulso procesal adecuado, por el solicitante de la suspensión, podrá dar lugar a la revocatoria de ésta, por contrario imperio.” Por tanto, la medida preventiva de suspensión procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar que el fallo quede ilusorio, y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable; significa entonces que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar: el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y la presunción grave del derecho que se reclama.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la suspensión de los efectos de la Resolución Nº 3570 de fecha 11 de agosto de 1997, emanada del Ministro de Hacienda, planteada en el juicio contencioso administrativo de anulación intentado por la Empresa CBI VENEZOLANA, S.A. En consecuencia, se ordena la devolución del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala, a fin de que la causa continúe su curso de Ley. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.