Sentencia N° 466 Político-Administrativa TSJ 2000: Rafael Eduardo Guerra Hidalgo, Luis Jose… vs Ministerio de Educación

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decide declinar su competencia en una acción de amparo constitucional interpuesta contra el Ministerio de Educación por la indebida aplicación de un decreto presidencial. La decisión se basa en la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la interpretación de competencias establecidas por la Sala Constitucional. Se resalta que, aunque no se ha promulgado la ley orgánica que regule las funciones del Tribunal, este debe continuar conociendo los casos que cursaban ante la extinta Corte Suprema de Justicia.

Correspondería a esta Sala pronunciarse del recurso interpuesto, sin embargo, vistas las actuaciones y cambios producidos en el sistema jurídico positivo venezolano, con motivo de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por referéndum de fecha 15 de diciembre 1999 y publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860 del 30 de diciembre de 1999, se observa lo siguiente: El artículo 262 de la referida Carta Magna dispone que el Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Plena y en Sala Constitucional, Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas competencias son las determinadas en esta Constitución y en la Ley Orgánica respectiva, por tanto, se estima que, mientras se promulga la aludida ley, las distintas Salas de este Tribunal Supremo deben conocer de las causas que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellas que ingresen a este órgano jurisdiccional, atendiendo al criterio de la afinidad que exista con el asunto debatido en cada uno de los casos en concreto y la especialidad de cada una de las Salas. Así mismo, la vigente Constitución otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional tanto del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de Ley, DECLINA en la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, la competencia para conocer de la acción de amparo interpuestas por los accionantes RAFAEL EDUARDO GUERRA HIDALGO, LUIS JOSE MACHILLANDA PALACIOS, JOHEL MANUEL PEREZ PARRA, MAGDA LEAL DE PAREDES, MARIA DEL CARMEN LEMA, BETTY MARTINEZ, OSWALDO OSORIO Y GAETANO SUBRANI, en fecha 13 de diciembre de 1999, contra el Ministerio de Educación por la –presunta- indebida aplicación, por parte de este último, del Decreto Presidencial N° 176 de fecha 17 de junio de 1999, Gaceta Oficial N° 36.725.